Una población olvidada en Colombia. Por Leydys Isabel Anaya

La población femenina de grupos étnicos, es una población muy afectada por la ausencia de formación pedagógica y profesional, pero ¿cómo llegar a ser profesional cuando se les ha relegado a funciones y roles exclusivos de cuidado familiar y trabajos domésticos?

La educación, es un derecho que sin lugar a dudas, puede elevar la calidad de vida en las familias, la convivencia y la justicia social de los pueblos, además de convertirse en un motor de desarrollo humano que puede poner fin a la exclusión social, económica y política. El Estado a través del sistema educativo colombiano, debe colocar toda la atención e interés en cerrar brechas sociales en materia de educación para los pueblos indígenas, y promover que las mujeres indígenas dejen de ser excluidas de ese Derecho.

Si, el Derecho a la Educación está plasmado en documentos, constituciones y leyes nacionales e internacionales, por qué tantos grupos indígenas siguen siendo excluidos de este derecho en Colombia, por qué se sigue naturalizando que las mujeres indígenas sigan siendo la maquinaria doméstica y reproductiva, negándoles el derecho a la educación, perpetuando el nivel de analfabetismo femenino que existe en el sector rural indígena, agigantado por estereotipos, roles y costumbres de la cultura. Las mujeres indígenas hemos sido doblemente afectadas y vulnerables a la violación de nuestros derechos, no solo somos discriminadas por ser mujeres, sino también por ser mujeres indígenas, excluidas de los espacios públicos, económicos y políticos, pobres, sin educación y quedando relegadas exclusivamente al ámbito de lo doméstico, la pregunta es: ¿cómo hacer efectivos los derechos humanos sexuales y reproductivos, la educación, la información y todos los derechos que desconoce la población indígena femenina? posibilitándoles acceder a las oportunidades de un mundo moderno, complejo y en vía de desarrollo.  

Somos pocas, las mujeres Indígenas en Colombia y el Mundo, que hemos logrado educarnos, superando múltiples obstáculos del sistema androcéntrico patriarcal en el que estamos sumergidas, y hoy luchamos por la noble causa de empoderar a otras mujeres, diciéndoles: “Sí es posible”. Trabajamos mientras exhortamos al Estado el cumplimiento de políticas públicas de equidad de género que tímida y lentamente intenta derribar el monstruoso, arbitrario, arraigado y naturalizado sistema patriarcal, posicionado en nuestro contexto. Conscientes que la ardua e importante tarea de reivindicar los derechos de las mujeres frente a las precarias condiciones existentes; se debe nutrir día a día, de amor, paciencia y constancia, porque es necesario enfrentar y vencer obstáculos que constantemente se multiplican, ante las insuficientes y escasas condiciones favorables respecto a equidad de género para las mujeres en nuestro país, especialmente para aquellas del área rural, mujeres indígenas, víctimas de desplazamiento, iletradas y olvidadas ciudadanas que para nada se sienten ciudadanas, y claro! cómo van a sentirse ciudadanas, si desconocen sus derechos, las políticas, los programas del gobierno que les deberían estar beneficiando, viven incomunicadas, sin acceso a internet ni centros educativos, sucede actualmente, aunque creímos que era cosa del pasado. Entonces, ¿se pueden sentir ciudadanas a quienes se les ha negado el derecho fundamental de la educación y otros derechos fundamentales?

En los últimos años, decimos que nos hemos vuelto sensible frente a la Equidad de Género en la educación, por lo cual diferentes países interesados en lograr calidad, eficiencia y coherencia en los procesos de formación, están realizando reformas institucionales acorde a las necesidades territoriales, pero no podemos dejar de lado la población rural que por siglos ha estado excluida del derecho a la educación integral y de calidad, a quienes se les siguen vulnerando otros derechos fundamentales que socava cada vez más en la pobreza y la miseria en estos grupos poblacionales.

Frente a la pobreza de nuestros pueblos campesinos e indígenas, es necesario, urgente e inaplazable reconsiderar el papel que debe cumplir la educación rural en Colombia para dar el salto necesario que el desarrollo de los pueblos requiere, sin atentar contra la cultura de cada grupo étnico, pues se trata de contribuir y aportar al desarrollo integral humano de todas las personas, basado en los Derechos y la Equidad; por lo tanto, lo que nuestros pueblos necesitan no es cualquier educación, son espacios de formación que promuevan sujetos de derechos, pensamiento crítico, liderazgo, emprendimiento, espacios en los que se analicen y se discutan los planes y programas de educación institucional, contenidos conceptuales, pedagógicos, lúdicos, psicosociales y evaluativos desde una óptica integral y coherente a las necesidades actuales. Es urgente e inaplazable que cambiemos el chip de la educación, y la proyectemos como un Derecho en una “sociedad contemporánea” que sin darnos cuenta hemos llevado a cabo una crianza poco humanizada y muy mecanizada, en una colectividad que mientras margina grupos humanos menos favorecidos es indiferente con el medio ambiente, profundiza la brecha social de exclusión, inequidad, violencia, marginación y vulneración de derechos humanos en contra de mujeres, niñas y niños.

Entonces en nombre de las poblaciones menos favorecidas, pedimos al Estado como garante de Derechos, efectividad en el cumplimiento de políticas de Estado que han quedado plasmadas pero aterrizan a los territorios de manera sesgada, parcializada y beneficiando los intereses de unos pocos. También hacemos un llamado a toda la población colombiana, que repensemos nuestro actuar, pues los procesos de transformación y desarrollo integral humano en los diferentes contextos sociales requieren necesariamente igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, equidad en las relaciones humanas, derechos cumplidos y una educación general de calidad para unas y para otros. Si se logra una educación de calidad y se frena la disparidad y la desigualdad en la educación entre las áreas urbana y rural, estaremos dando respuesta positiva al desarrollo que eleva la calidad de vida de la población, poniendo fin a la problemática que golpea con severidad a la población femenina especialmente, y que ha venido provocando un fuerte impacto negativo a corto, mediano y largo plazo en las generaciones, porque una madre con educación precaria no influye igual en su descendencia que una madre preparada, formada y con herramientas para potenciar hijos e hijas con altos niveles educativos. Si en Colombia, las mujeres constituyen el 50.83% de la población del país que equivale aproximadamente a 24.562.767 mujeres, ¿Por qué olvidarnos de un poco más de la mitad de Colombia?, es necesario garantizar los derechos también para ellas, solo así podremos hablar de desarrollo sostenible, con el total reconocimiento de las mujeres, de los grupos étnicos y de todos los sectores poblacionales del país.

Por Leydys Isabel Anaya

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