Que la locomotora no termine por arrasarnos

En la plenaria de la Cámara de Representantes que tuvo lugar el día miércoles 8 de Septiembre, y por citación que hiciera la representante Lucero Cortés, se llevó a cabo un muy importante debate sobre el presente y el futuro de la actividad minera en Colombia. Este es, sin lugar a dudas, un tema de la mayor importancia. No solo por el hecho que el actual gobierno ha identificado el sector minero como una de las cinco locomotoras que habrán de jalonar el crecimiento de la economía en los próximos años, sino por los claros dilemas que el desarrollo de esta actividad plantea en relación con la preservación de recursos ecológicos de vital importancia como es el caso de las fuentes y reservas de agua.

Sobre la importancia económica de la minería, baste recordar que ella representa el origen de cerca de una cuarta parte de las exportaciones Colombianas. Y existe la expectativa de que esta actividad siga creciendo como resultado del interés que han mostrado muchas empresas, nacionales, pero mayoritariamente extranjeras, en seguir llevando a cabo labores de exploración y explotación minera. Cabe aquí señalar que un poco más del 40% de la Inversión Extranjera Directa –IED que recibe el país está relacionada con la extracción de estos recursos naturales no renovables, esto es, recursos que habrán de agotarse al ritmo de su extracción.

Durante la pasada campaña presidencial, los colombianos y las colombianas oímos decir al hoy Presidente que el país debería prepararse para vivir un verdadero “boom” de la minería. Y aunque el Ministro del ramo ha insistido en la necesidad de ser prudentes frente a estas expectativas, en su momento se llegó a señalar que la bonanza minera hacía innecesaria una reforma tributaria para incrementar los recaudos del Estado. Y que era necesario ir pensando en la forma de congelar parte de esos recursos extraordinarios para evitar un ingreso masivo de divisas que termine por arruinar las exportaciones no tradicionales. Será entonces que el país se ganó una lotería minera? O serán mayores los riesgos de daños derivados de esta actividad?

Son muchos los aspectos a considerar con el fin de dar una respuesta balanceada a estos interrogantes. El debate de control político llevado a cabo en la Cámara aportó valiosos elementos en el propósito de fijar una ruta que maximice los beneficios y reduzca los riesgos. En el transcurso del debate, los Verdes hicimos oír nuestra voz a través del Representante Carlos Amaya, quién como vocero de los y las jóvenes, tiene mucho que aportar a la definición de una política pública adecuada en materia minera. El reto para los países que, como Colombia, cuentan con importantes recursos mineros está en “sembrar la bonanza”, esto es, utilizar esta riqueza para construir unas bases sólidas que garanticen el desarrollo una vez se agota el recurso.

Colombia tiene ya una larga experiencia en relación con este tipo de bienes. No en vano, durante la colonia, la entonces Nueva Granada se convirtió en la principal exportadora de oro a España. O, para tomar un ejemplo más cercano en el tiempo, baste mirar la situación que existe en las áreas donde se llevan a cabo labores de extracción y refinación de petróleo como lo es el área de Barrancabermeja. Cuál es el balance neto, en términos económicos, sociales, medio-ambientales, institucionales y políticos de la ya larga historia del petróleo en esta zona?

Como Representante a la Cámara por el Partido Verde, quiero dedicar el resto de este documento de reflexiones sobre minería en Colombia a revisar uno de los aspectos más importantes de este tema: el impacto que sobre el medio ambiente, sobre los recursos naturales de nuestro país, ha tenido y puede tener la actividad minera.

Un primer aspecto que quedó claro como resultado del debate del día de ayer es que en Colombia existe una marcada desarticulación, no solo al interior de las entidades responsables de fijar y dar aplicación a la política minera, sino entre éstas y las responsables de la política de preservación medio-ambiental. Así lo reconocieron tanto el Ministro de Minas como la Ministra de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo. Grave, muy grave esta situación, particularmente frente al crecimiento previsto de esta actividad.

El segundo punto que debemos resaltar es que, como ya lo había señalado el Ministro de Agricultura, Dr. Juan Camilo Restrepo, con ocasión del debate sobre restitución de tierra a campesinos desplazados que citó el Representante Iván Cepeda, en Colombia existe un conflicto muy serio en relación con los usos del suelo entre la minería y las zonas de reserva forestal; la minería y los parques naturales; la minería y los páramos y entre aquella actividad y el propio desarrollo de nuestras ciudades como se puede comprobar fácilmente en el caso de las canteras o de la práctica destrucción de los medios de soporte del rio Tunjuelo, al sur de Bogotá.

Las actividades de minería pueden afectar gravemente las fuentes de agua. Pueden hacerlo a través del dragado del lecho de los ríos que contribuye a la sedimentación de los mismos; o mediante el uso de enormes cantidades de agua que sirven para “empujar” los recursos a extraer, como en el caso de la minería de oro o la extracción de petróleo; o por el uso que en ella se hace de insumos con demostrada capacidad de daño a la salud humana como el mercurio y el arsénico. La minería a cielo abierto contamina el aire, el suelo, el agua. Está destruyendo ecosistemas de gran valor estético, como la bahía de Santa Marta. Será que las regalías, cuyo régimen de distribución habrá de fijar el Congreso por iniciativa del gobierno, resulta adecuado para compensar a las comunidades por los impactos negativos derivados de la actividad? Y será que tienen justificación las muchas exenciones y beneficios acordados a favor de las empresas mineras?

En el caso de la actividad minera que se lleva a cabo de manera ilegal, y que se presenta en todas las zonas donde se desarrolla esta actividad, a las afectaciones ambientales hay que sumar las precarias condiciones de trabajo que caracterizan estas tareas, tanto en términos de salarios, como de trabajo infantil o de falta de una seguridad adecuada para los mineros. Y, claro está, un uso menos controlado de elementos que causan daño a la salud humana y al medio ambiente.

Frente a este panorama, lleno de oportunidades pero también de amenazas, resulta fundamental recordar los planteamientos básicos del Programa del Partido Verde:
“Soñamos con un país donde los ciudadanos, las organizaciones del estado, la sociedad civil y las empresas productivas tengan, como uno de los compromisos fundamentales de su quehacer cotidiano, hacer todo lo que esté a su alcance para proteger y enriquecer el medio ambiente, y en particular nuestro gran patrimonio en biodiversidad y agua dulce, tanto en las áreas naturales como en las áreas transformadas por la acción humana. Solo así será posible garantizar el derecho constitucional de los colombianos a disfrutar de un medio ambiente sano, generar las condiciones para que el desarrollo económico y social sea sostenible en el mediano y largo plazo, y contribuir a la conservación del maravilloso y complejo entramado de la vida.

La política productiva integrará la preservación y conservación de las fuentes de vida, los recursos naturales y la biodiversidad y participará en la preservación y conservación de las fuentes de vida, los recursos naturales y la biodiversidad. Promoveremos el desarrollo y el uso de energías limpias, nuevas y alternativas e impulsaremos la creación de una cultura de consumo racional y responsable.

¿Y dónde está la gente para hacer todas estas cosas? En una Colombia en donde las mujeres tomen el papel protagónico que merecen en el desarrollo del país, y en la que los afrocolombianos, los indígenas y todas las etnias tengan acceso a las mismas oportunidades.”

Esa es la Colombia que queremos construir, con el apoyo de todos y todas. Ese es nuestro reto y también nuestra esperanza.

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