Privilegios a militares sería inconstitucional
Nueva demanda contra fuero penal militar
Los congresistas Ángela Robledo, Iván Cepeda, Guillermo Rivera y Germán Navas, junto con Gustavo Gallón, Fátima Esparza, Juan Camilo Rivera y Mary de la Libertad Díaz Márquez, integrantes de la Comisión Colombiana de Juristas, radicaron el día de hoy a las 2 de la tarde la demanda contra la ampliación del fuero penal militar, aprobado en el Congreso de la República en noviembre del año pasado.
La diligencia se llevará a cabo en las instalaciones de la Corte Constitucional, que decidirá si el Acto Legislativo 002 del 2012 tuvo vicios de competencia, por sustitución de la Constitución, en cuyo caso sería inconstitucional.
Los demandantes argumentan que el Congreso de la República de Colombia se excedió en sus competencias de reformar la Constitución, puesto que la sustituyó parcialmente, revirtiendo sus principios constitucionales de igualdad ante la ley y los tribunales, separación de poderes y deber de investigar la violación de derechos humanos ante jueces independientes, entre otros argumentos.
Actualmente, los delitos cometidos por los militares están documentados y buena parte de ellos permanecen en la impunidad. Dado que el Acto Legislativo 002 del 2012 traslada a la justicia penal militar el conocimiento de los delitos cometidos por militares con ocasión del conflicto armado y que resulten ajenos a las razones del servicio (como es el caso de los crímenes de guerra y las infracciones al DIH), dichas investigaciones podrían verse afectadas, pues el sistema de juzgamiento y recolección de material probatorio se haría dentro de una organización jerárquica con fuerte sentido de cuerpo. En otras palabras, los militares terminarían “auto-investigándose” por sus propios delitos, lo cual compromete la transparencia y la independencia de los procesos.
“La ampliación del fuero militar favorece la impunidad y perjudica a las víctimas. Es otro obstáculo para la garantía de los derechos humanos, para la verdad y la justicia. Eso no contribuye a la Paz, ni mucho menos a la reconciliación”, dijo la Representante Ángela Robledo, una de las demandantes. “Esta propuesta es un intento más por debilitar el Estado de Derecho en Colombia. Los argumentos utilizados se basan en una supuesta inseguridad jurídica que afecta la moral de la tropa, un mito que jamás ha sido comprobado”, agregó la parlamentaria.
Finalmente, cabe recordar que Human Rights Watch, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varias organizaciones sociales han insistido en que la ampliación del fuero militar es un “retroceso en materia de derechos humanos, contraviene obligaciones internacionales y podría exponer a Colombia a la intervención de la Corte Penal Internacional”.
PRENSA: 3202343806/ Margarita Sarmiento