PEDIMOS LA PALABRA POR LA DEMOCRACIA Y EL MEDIO AMBIENTE

Declaración Política

En los encuentros regionales celebrados en Medellín y Cali el año pasado ratificamos el objetivo principal que nos une como colectivo de ciudadanos y ciudadanas demócratas, cual es el de recuperar el sentido público, ético y representativo de la política. Con este propósito nos propusimos hacer frente a la corrupción en los sectores público y privado, a la captura criminal de lo público y al uso de las instituciones del Estado al servicio de la clase política. En suma, buscamos reconciliar la política con las aspiraciones de la ciudadanía. 

Así mismo, nos comprometimos a promover acciones permanentes para combatir la desigualdad, la inequidad y la exclusión, con el fin de lograr pleno empleo y acabar con el rebusque, mal llamado subempleo. Para ello, es necesario que cambiemos el actual modelo económico depredador por uno que incorpore de manera coherente a la política social y el respeto a la Madre Tierra, para garantizar la inclusión y la tendencia hacia la igualdad. Para esto se requiere difundir los beneficios de la economía y de la sociedad del conocimiento a todos los colombianos y colombianas sin distingos de clase, raza y género. 

En el horizonte de estos propósitos mínimos y plausibles para quienes respetemos la condición de ciudadanos y ciudadanas con iguales derechos y deberes, sobresale la superación de las violencias que han azotado a nuestra sociedad a lo largo de su historia republicana, en especial durante el último medio siglo. Por esto, apoyamos de manera decidida la salida negociada del conflicto armado interno y rechazamos el mezquino aprovechamiento político que hacen movimientos y partidos para fines electoreros inmediatos propiciando la confrontación armada.

Con estos propósitos mínimos de acuerdo reanudaremos nuestros encuentros regionales con temas como la descentralización del Estado, la reforma del Congreso, la conservación y el desarrollo de la riqueza ambiental, la reforma a la justicia, la reforma al sistema de salud y la reforma a la educación. Regiones cuyo núcleo se encuentra en las ciudades de Barranquilla, Manizales y Villavicencio están pendientes de nuestra convocatoria en el inmediato futuro. Hoy hacemos presencia en Bucaramanga.

El eje de organización de esta ciudadanía heterogénea está en el común denominador de concepción de democracia que nos une y en los núcleos regionales que se han derivado y se deriven de los encuentros realizados y por realizar. Su articulación plena, sólida y consistente debemos buscarla en la política activa. En consecuencia, nos proponemos desafiar a las organizaciones clientelistas de la política nacional, regional y local, invitando a partidos, movimientos y organizaciones de ciudadanos que demuestren transparencia en sus propósitos, con el fin de establecer alianzas destinadas a identificar candidatos y candidatas para corporaciones públicas que sean dignos del sufragio sin corruptelas. 

Esta tarea deberá ser a todas luces pública y transparente. Por eso, convocamos a medios de información ajenos a intereses corporativos o que hayan demostrado su independencia, así como también a redes de información que han probado su eficacia en protestas y movilizaciones sociales, para que ayuden a que cada vez más ciudadanos y ciudadanas pidamos la palabra con el fin de que recuperemos la dignidad de la nación.

Vinimos a Bucaramanga para expresar, en nombre de Pedimos la Palabra, solidaridad y admiración hacia la ciudadanía santandereana que ha defendido en los últimos tiempos los valores civilizados de la preservación del medio ambiente que están consagrados en la Constitución y que son indispensables para la conservación de la vida y del planeta. Esta movilización es en defensa de la nación colombiana y de la humanidad.

La sostenibilidad ambiental

El siguiente texto fue preparado en reuniones anteriores por participantes en el movimiento Pidamos la Palabra, dentro del marco de un modelo económico, social y ambiental incluyente.

La sostenibilidad ambiental debe partir del reconocimiento de que ésta no es solamente  el producto de unas políticas para combatir la contaminación del aire y del agua, y para la protección de los parques nacionales, de los resguardos indígenas y de las propiedades colectivas de las comunidades de afro-descendientes. 

Al hacer esta afirmación, no se desconoce la enorme necesidad de fortalecer las políticas para combatir la contaminación en las ciudades que, siempre insuficientes, se han debilitado en el último decenio. Ni se desconoce que aquellas tres modalidades de ordenamiento territorial –que representan en conjunto el 43 por ciento del territorio continental del país– son vitales para la protección de la diversidad biológica y cultural; y que el hecho de que la integridad ambiental de algunos de estos territorios se encuentra hoy gravemente amenazada por un complejo conjunto de factores que van desde el conflicto armado hasta la locomotora minera. En consecuencia, se propone impulsar su consolidación, para lo cual se requiere, entre otros, crear una fuerte institucionalidad en el caso de los territorios de las minorías étnicas, que remplace la muy endeble que hoy existe en el Ministerio del Interior.

Hoy la sostenibilidad ambiental se basa en la concepción de que es imperativo, por una parte, incorporar firmemente en la política económica los principios de la economía verde, es decir, de las interacciones entre la economía y el medio ambiente, y por otra, asegurar  el mantenimiento y enriquecimiento de los servicios que prestan los ecosistemas y la biodiversidad a lo largo y ancho del territorio nacional. Estos servicios incluyen los de provisión (alimentos, agua, fibras, recursos genéticos, entre otros), los de regulación (del agua, el clima, la erosión, las pestes y la polinización, entre otros) y los culturales (espirituales, estéticos y de recreación y ecoturismo).

Los principios de economía verde exigen, en primer término, incorporar dentro de los precios y las estructuras de costos (a través de impuestos y contribuciones) los efectos adversos sobre el medio ambiente de algunas actividades de producción y consumo, bajo el principio de que quien contamina paga, así como incentivar (con subsidios) la investigación y actividades económicas que, por el contrario, tienen efectos benéficos sobre el medio ambiente. 

Esto implica que los sistemas energético y de transporte deben ser diseñados con claros objetivos de aumentar la eficiencia energética y de reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. Significa, igualmente, que el país debe valorar positivamente los esfuerzos de conservación del capital natural, protegiendo en particular las cuencas hídricas (incluyendo los páramos y humedales) y garantizando el uso sostenible y la protección de nuestros bosques. Significa, también, que es necesario investigar, difundir y promover el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente, y prohibir aquellas que tienen efectos nocivos (como algunas de las que se utilizan en la explotación del oro).

Por otra parte, el proceso de profundización de la explotación minero-energética en marcha y las reformas requeridas en materia agropecuaria, a las se han hecho alusión, son una oportunidad para generar políticas que aseguren la sostenibilidad ambiental de estas locomotoras del desarrollo.

En la última década, se han otorgado títulos mineros y bloques para la exploración y la explotación petrolera en una forma caótica, sin tomar en cuenta, en la mayoría de los casos, las consideraciones ambientales. Se propone invertir esta dinámica estableciendo, previamente, al otorgamiento de las concesiones mineras y petroleras, las áreas que deben ser excluidas de estas actividades, en consideración no solamente de la protección de valores únicos en biodiversidad, sino también con el objetivo de impedir que se incremente, en lugares especialmente sensibles, la vulnerabilidad del territorio al cambio climático, o que se afecten negativamente las fuentes para la provisión de agua potable o para la actividad agropecuaria. 

Los procesos de restitución de tierras, la creación de las reservas campesinas y, en general, las políticas para el fortalecimiento de la economía campesina, deberán ir acompañados de programas de asistencia técnica para la restauración ecológica y el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, de sistemas agrosilvopastoriles y de policultivos, así como de sistemas agroecológicos y de agricultura orgánica. En este contexto, es prioritario el establecimiento de sistemas para la pequeña y mediana agricultura que, al mismo tiempo que se incremente su productividad,  sean menos vulnerables al cambio climático, lo cual requiere como prerrequisito de un programa de investigación y desarrollo tecnológico en la materia. 

Este sería uno de los usos prioritarios de las regalías, los cuales deberían también servir para impulsar el desarrollo tecnológico en otras áreas de la economía verde, como sería el de usos de la biodiversidad para la producción de alimentos y la producción industrial, o para el desarrollo de tecnologías para la producción y el consumo más limpios.

Como parte de la política ganadera, se propone generar un programa que permita  hacerla más eficiente y ambientalmente más amigable, con lo cual se estima que se podrían liberar millones de hectáreas para otros usos, incluyendo la agricultura, la reforestación comercial y la restauración ecológica. Se trata de construir un programa que tenga masa crítica basada en los exitosos proyectos piloto de reconversión ganadera que en la actualidad se adelantan.

En el ámbito urbano, se propone desarrollar nuevos patrones de urbanización que favorezcan la ciudad compacta y densa, que dé prioridad a sistemas de transporte masivo y normas de construcción energéticamente eficientes, al tiempo que se construyan sistemas de adaptación al cambio climático costo-eficientes (como, por ejemplo, sistemas urbanos de captación de aguas lluvias adecuados a los aguaceros torrenciales y a las drásticas olas invernales). A ello se deberán agregar normas de ordenamiento territorial y estatutos sobre uso del suelo que sean adecuados al concepto de la ciudad-región, para  así disminuir la tendencia de los grandes centros urbanos a desbordarse en forma dispersa, caótica y con baja densidad sobre los municipios vecinos, con lo cual se genera la destrucción de valiosos ecosistemas, se sacrifican tierras fértiles para la agricultura y se incrementa la emisión de gases de efecto invernadero.

Finalmente, se requieren medidas para generar y consolidar en el país la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, con el fin de reducir la exposición y la vulnerabilidad a los potenciales impactos adversos de los extremos climáticos, entendiendo que los riesgos no pueden ser totalmente eliminados. Es un camino incierto que el país apenas comienza a transitar.

 

Bucaramanga, 12 de marzo de 2013

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