No más favores. A jugársela por los derechos.

La Representante a la Cámara por el Partido Verde, Angela Robledo, vuelve a rendir cuentas sobre su trabajo en el Congreso de la República, en particular sobre el proyecto de Reforma a la Salud, el proyecto de Seguridad Ciudadana y la Ley de reconocimiento al trabajo doméstico.

En el marco de mi proyecto de Pedagogía Legislativa y Política inicio esta rendición de cuentas compartiéndoles mis propuestas frente al Proyecto de Ley 01/ 2010 «Por medio del cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS) y se dictan otras disposiciones, del cual fui Ponente en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

La semana del 8 y del 15 de noviembre se discutió el proyecto y logré garantizar, en un ejercicio de independencia deliberativa (mediante el intercambio de argumentos) los derechos de las mujeres y las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, incluyendo en el proyecto de ley de salud del la perspectiva diferencial para la atención, el enfoque de género y la transparencia en el uso de los recursos. 

El proyecto, que han debatido intensamente las comisiones conjuntas de Senado y Cámara, incluyó:

Enfoque diferencial:

Como parte de los principios que regirán la ley de salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud se incluyó el enfoque diferencial que implica garantías especiales y medidas de protección a la salud de mujeres, niños, jóvenes, etnias y víctimas de la violencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El Observatorio sobre salud tendrá que reportar variables desagregables por sexo, edad, región y etnia.

Los riesgos que identifican los equipos básicos de atención primaria en salud deberán poder identificar riesgos por sexo, edad y etnia.

La perspectiva de género:


Con el apoyo de la bancada de mujeres, la ASI (Representante Juan Valdés) y el Polo Democrático (Representante Alba Luz Pinilla y Senadora Gloria Inés Ramírez), logramos que en las cuentas nacionales de salud (contenidas en el PIB) se reconociera el cuidado no remunerado de las mujeres a integrantes del hogar con problemas de salud.

Así mismo fue motivo de satisfacción encontrar apoyo a la proposición que ordena, se brinde a las mujeres víctimas de la violencia un tratamiento integral con beneficios, tales como la atención psicológica y psiquiátrica y un albergue, hasta que se certifique medicamente su recuperación. Esta propuesta está en coherencia con la que hiciéramos junto con organizaciones sociales y agencias internacionales a la Ley de Víctimas.

Sobre la transparencia del uso de recursos de las Empresas Promotoras de Salud:

Previa consulta con diferentes actores intervinientes en el SGSSS, se propuso que a diferencia de como sucede actualmente, en donde las EPS gozan de un fondo que percibe la totalidad de los recursos que les son transferidos, el manejo de los recursos de las EPS se realice en fondos separados: uno exclusivo para los gastos administrativos y otro dedicado a recibir el dinero destinado para la prestación de servicios. De manera que el Gobierno Nacional reglamentaría los porcentajes de la Unidad de Pago por Capitación que se podrían transferir en dichos fondos.

Sin embargo, luego de discutir con varios congresistas y con el gobierno, se aceptó que continuara la existencia de un solo fondo, pero que se estableciese un porcentaje para cada gasto, con un tope máximo del 10% para los recursos destinados a administración. 

Al proyecto de ley le falta un debate en Plenaria Conjunta de Senado y Cámara de Representantes.

Ahora presento a la ciudadanía la rendición de cuentas de algunas de mis actividades como Representante a la Cámara por el Partido Verde.

FORO: RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DOMESTICO: UNA OPORTUNIDAD PARA LA PEDAGOGIA LEGISLATIVA

Quiero hacer una mención especial este mes a la organización, convocatoria y realización del Foro sobre la Ley de economía del cuidado,  evento que responde a mi interés en promover desde la pedagogía, la agenda legislativa y política y fortalecer la democracia deliberativa.  Acercar las leyes a la ciudadanía, que las comprendamos, las interioricemos, y las hagamos hechos políticos cotidianos y una manera de exigir y acceder a los derechos. Si nos apropiamos de las leyes podremos hacerlas cumplir.

En esta oportunidad, con la generosa participación de Antanas Mockus, Sergio Fajardo, Cecilia López, Ana Isabel Arenas y Javier Pineda discutimos en torno a la iniciativa legislativa sobre economía del cuidado (proyecto ley 278/10 Cámara, 081/09), de las senadoras Cecilia López (Partido Liberal) y Gloria Inés Ramírez (Polo Democrático), dirigida a medir la contribución de las mujeres al desarrollo económico y social del país, a través del trabajo doméstico no remunerado, mediante la aplicación de una encuesta del uso del tiempo y que se encuentra para sanción presidencial.

Mujeres de todas las condiciones socio económicas estamos siempre ante la disyuntiva de la participación en la producción remunerada –opcional para algunas y vital para la sobrevivencia de otras- y la reproducción biológica y social, es decir, la crianza y educación de hijos e hijas y el cuidado de los demás miembros del hogar. La encrucijada entre la calle y la casa. Son dos economías, una en que las personas reciben salario por producir cosas que se venden en los mercados o que se financian a través de impuestos (Economía  de los bienes), y la economía oculta, invisible: la economía del cuidado. La economía del cuidado es por supuesto la que realizamos, principalmente, las mujeres, sin distinción de edad, raza o etnia sin remuneración y también sin reconocimiento. El 60.6% de las mujeres económicamente activas se ocupan también de oficios del hogar, mientras que sólo 7.7% de los hombres lo hacen (DANE 2008).

El Foro que contó con la asistencia de organizaciones sociales, de mujeres, líderes locales, académicos y jóvenes, concluyó que tenemos que feminizar la economía y visibilizar el aporte de las mujeres al desarrollo. Adicional los panelistas insistieron en que estas iniciativas deben ir acompañadas de cambios de comportamiento, educativos y culturales dirigidos a transformar hábitos, creencias y estereotipos, ya que la sobrecarga que tienen las mujeres obedece, en muchas ocasiones, a la ausencia de corresponsabilidad del Estado, las familias y la sociedad para redistribuir responsabilidades en la reproducción social, y también al poco reconocimiento que se tiene acerca de la importancia del cuidado y su impacto en el desarrollo de un país. 

Es importante destacar que el objetivo de la ley es “incluir en el sistema de Cuentas Nacionales el trabajo de hogar no remunerado, por medio de cuentas satélites. Se busca i) reconocer públicamente el impacto del trabajo doméstico no remunerado en el desarrollo del país y, ii) encontrar una herramienta precisa que contribuya a generar políticas públicas al respecto. La ley fue sancionada el pasado 10 de noviembre. 

Nuestra labor, en desarrollo de la tarea de Pedagogía Legislativa y Política ha sido la difusión de la ley y la discusión pública de la misma debido al contenido de género y transformación cultural que el proyecto contiene.  

 
SOBRE EL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO Y LA REFORMA DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

Junto con mi equipo estamos haciendo un seguimiento juicioso sobre los desarrollos y avances de los proyectos que hacen trámite en el Congreso para modificar la Ley de Infancia y Adolescencia que nos llevó más de 15 años tramitar con un espíritu resocializador y pedagógico. Es verdad que el Sistema no está operando pero la responsabilidad no es de los jóvenes, sino de las entidades responsables de liderar su implementación.

El Sistema sólo lleva tres años de aprobado y aún no se pone en marcha porque carece de recursos humanos, técnicos y sobre todo de voluntad política. Es importante advertir que la Comisión Primera de Senado aprobó en primer debate la Ley de Seguridad Ciudadana que propone centros de reclusión para los jóvenes infractores, que serían administrados y financiados por el Ministerio del Interior y de Justicia. De igual manera, propone que los menores que estén privados de la libertad, reciban un trato similar al de los adultos, una vez se cumpla la mayoría de edad. 

El proyecto contempla ampliar los delitos que tienen pena privativa de la libertad, lo que implica que más jóvenes irán a la cárcel. En cuanto al aumento de penas formalmente no se amplía, pero queda dependiendo “del cumplimiento de los objetivos de la sentencia”. 

Como parte del debate de control político que realicé en la Comisión Séptima el mes pasado  (12 de octubre) a las entidades responsables de la operación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, presenté la penosa situación en que se encuentran algunas de las dependencias en donde los y las adolescentes a quienes se les decreta medida cautelar de internación preventiva, o a quienes se les ha impuesto sanción de igual naturaleza y que no pueden cumplir en los centros especializados por falta de cupos suficientes, deben atender necesidades básicas.

Específicamente expuse fotografías del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes – CESPA, evidencia que fue rebatida por la Dirección del ICBF, argumentando que las fotos eran falsas, este mes mi equipo visitó nuevamente (noviembre 3) el Centro y se envió un informe a la Directora del ICBF con copia a la Procuraduría para que se desarrollen los correctivos necesarios y se mejoren las condiciones de los jóvenes que allí se encuentran.

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