No a las cárceles para adolescentes, dice Angela Robledo

Desde octubre del año pasado cuando se radicaron en el Congreso de la República las iniciativas tendientes a aumentar las penas para los menores infractores y ampliar los delitos que tienen pena privativa de la libertad, la Representante a la Cámara Ángela Robledo ha venido animando el debate en contra de las medidas:  “Me he opuesto a estas iniciativas que constituyen una nueva forma de victimización de los adolescentes, vulneraran los propósitos que inspiran al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) y van en contravía de las obligaciones de protección de derechos humanos que el Estado colombiano ha suscrito”.

La parlamentaria ha advertido sobre la inconveniencia que tiene para el país aumentar las penas a  jóvenes y modificar la Ley de Infancia y Adolescencia que sólo lleva tres años y que aún no se ha puesto en marcha, por falta de recursos humanos, técnicos y sobre todo de voluntad política. “No podemos perder el trabajo de más de 15 años para tener esta Ley dirigida a cumplir una misión resocializadora y pedagógica. Es urgente implementar un sistema de justicia diferencial para los jóvenes que incluya el desarrollo de políticas sociales y estrategias de prevención del delito”, dijo Robledo el año pasado.

Hoy en un encuentro, convocado por la Alianza por la Niñez (que incluye 19 organizaciones nacionales en internacionales que velan por derechos de niños y adolescentes) en el que participaron la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el ICBF y miembros de la Comisión Primera del Senado, entre otros, se debatió ampliamente los alcances del Proyecto de Seguridad y Convivencia en relación con la Ley de Infancia y Adolescencia y se concluyó que es necesaria una revisión general de esta Ley y, de ser necesaria, una reforma estructural de la misma, puesto que como está planteada la reforma resulta «insuficiente, contradictora e inocua» en palabras de la Procuradora.

Tal y como se viene planteando el cambio en algunos artículos no inciden de manera integral en las causas que originan la delincuencia juvenil y tampoco acude al ejercicio de corresponsabilidad que tienen el Estado, la sociedad y las familias para prevenir que los jóvenes terminen delinquiendo.

Las cifras muestran que la mayoría de las conductas de las cuales ha tenido conocimiento el SRPA corresponde a delitos de hurto y tráfico de estupefacientes. A nivel nacional, estos delitos representan cerca del 70% de los delitos que han llegado a conocimiento de las instancias competentes, en tanto que en Bogotá este porcentaje supera el 80%. Por el contrario, los delitos que el proyecto de Ley 153 de 2010 califica como graves, esto es, el homicidio y las lesiones personales y el acceso carnal con menor de catorce años, representan cerca del 8% de los delitos conocidos tanto a nivel nacional como en Bogotá, aunque existe una notable diferencia en el porcentaje de homicidios, siendo más bajo en esta última que el registrado para el país.

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