Negligencia de MinEducación promueve “negocios” en territorios de guerra

“Un niño sin educación entra mutilado al Siglo XXI”, denunció Ángela Robledo 

 
Bogotá, mayo 8 de 2013
 
La Representante a la Cámara Ángela Robledo denunció hoy en debate de control político que el Ministerio de Educación está delegando su responsabilidad en un servicio educativo por confesión religiosa, en el que las iglesias reciben más de 200 mil millones de pesos (en sólo 13  departamentos) y los niñ@s y jóvenes no tienen opción de futuro en el sector rural. 
 
De acuerdo con Angela Robledo, el Ministerio lleva 20 años amparado en la Ley 115 de 1994 (Decreto 2355 de 2009) argumentando que las regiones “no tienen suficiencia” para cumplir con el derecho fundamental de los niñ@s y jóvenes a la educación y resuelve el tema avalando contrataciones con iglesias que según denuncias no cumplen el cometido.
 
“Lo más lamentable de todo esto es que  los niñ@s y jóvenes ante la ausencia de opciones educativas y de proyectos de vida optan por la ocupación de la guerra, el reclutamiento forzado, la minería ilegal, de raspadores de coca y demás actividades ilícitas”, dijo Ángela Robledo. 
 
La parlamentaria dijo que este “modo de carrusel de la educación” en el que se contrata un servicio que no cumple con sus objetivos y nadie vigila ocurre por lo menos en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Bolívar, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Córdoba, Huila, Norte de Santander, Santander, Meta y Caquetá, en donde se encontró que a 393 municipios del país no llega directamente el Ministerio de Educación.
 
En particular Angela Robledo documentó el caso del Sur de Bolívar en donde la comunidad denunció la tercerización del derecho a la educación mediante el contrato 276 del  1 de marzo de 2013  entre la Gobernación de Bolívar y la Diócesis de Magangué por $ 14.886.340.00 para cubrir a unos 18 mil estudiantes. 
 
Líderes del Sur de Bolívar aseguran que estos contratos no cumplen con el calendario escolar, pues se ejecutan durante dos o tres meses dejando el resto de tiempo a los niñ@s y jóvenes a la deriva. De igual manera afirmaron que esta contratación afecta directamente a los maestros que se les vincula por días y meses sin ninguna estabilidad y seguridad social. “Muchos profesores se fueron de la región por el mismo conflicto armado y se llevaron las plazas”, dijeron. 
 
La comunidad que lleva años invirtiendo en infraestructura para las escuelas afirma que les toca pagar hasta por el servicio de aseo, cuando la educación es dizque gratuita. “Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que se preocupe más por la educación de esta región porque sólo se acuerdan del Sur de Bolívar cuando hay erradicación y fumigación de cultivos ilítictos (…) El Sur de Bolívar es un rinconcito de Colombia que vive en el olvido…”, dijeron sus líderes.
 
Entre las irregularidades encontradas por Ángela Robledo están: “Los contratos en repetidas ocasiones no especifican el número de estudiantes a atender, se encuentran rubros para la compra de elementos estudiantiles incluidos pasajes aéreos y en algunos casos se dieron anticipos del 95%”, señaló la parlamentaria.
  
Estas y otras irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Procuraduraría Regional de Bolívar desde enero del año pasado (2012) a través del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo por la posible vulneración del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes del Sur de Bolívar. Ángela Robledo dijo que los hallazgos serán puestos en conocimiento de la Contraloría y la Fiscalía de la Nación.
 
“Me parece infame que el Ministerio de Educación lleve 20 años argumentando la insuficiencia de casi 400 municipios y que la única salida que encuentre es subcontratar un derecho fundamental para salir de la guerra y el atraso”, puntualizó la parlamentaria Robledo. 
 
Las denuncias hechas por Ángela Robledo equivalen a las realizadas en días pasados en Florencia Caquetá y que tienen inmovilizados a unos 10 mil estudiantes.
  
PRENSA ANGELA ROBLEDO: 3202343806/ Margarita Sarmiento
 
VIDEO DE LAS DENUNCIAS DE LA COMUNIDAD DEL SUR DE BOLÍVAR
 

 
 
 
 
 
 

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