La indignación ante el Presupuesto Nacional

La aprobación del presupuesto anual de una Nación es un ritual de la democracia, que expresa de manera tan clara como las cifras, la voluntad de una sociedad para asumir la atención de las demandas colectivas, los derechos humanos y sociales que se reconocen como tales, en coherencia con el proyecto de sociedad en que se está comprometido.

Pero el ritual puede convertirse en tragicomedia cuando la forma y el contenido del mismo son espurios, en cuyo caso solo se pueden esperar resultados indeseables que atentan contra el bienestar y la prosperidad colectivos. Esto es lo que parece ocurrir en el país.

Este proceso de aprobación, está lejos de ser un buen ejemplo del debate democrático y apenas queda reducido a un acto de notificación de partidas, precedido de advertencias sobre las limitaciones y restricciones para opinar, incidir o modificar la propuesta presentada por el gobierno.

No de otra forma puede caracterizarse el acto de aprobación de un presupuesto que genera más inquietudes que certezas, excepto por la certeza de que las cifras del mismo quieren decir una cosa distinta de la que nos anuncian.

Primero, porque si bien el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) es altísimo, $165,3 billones de pesos (cerca de US$80 mil millones), apenas la mitad de los mismos están garantizados por la vía tributaria . Y es difícil creer que todo está bien cuando, de entrada, apenas se tiene asegurada la mitad de los recursos anuales para atender los retos del país. En el mejor escenario, conseguir la otra mitad, y buena parte de éstos como deuda, puede tranquilizar a algunos en el corto plazo pero las mayorías deberíamos preocuparnos por el largo plazo, cuando igual terminaremos pagando.

Segundo, porque el 79% de los recursos del PGN va al funcionamiento (55%) y la deuda (24%), y apenas el 21% a inversión. Y para confirmar que esta no es la prioridad, basta señalar que, del incremento de recursos entre 2011 y 2012, más de la mitad se va a funcionamiento (55%) y apenas el 9% a inversión. Tercero, porque entre los gastos de funcionamiento sobresalen las transferencias, equivalen al 40% del Presupuesto. Pero si estas se destinaran a fortalecer el desarrollo territorial a través del Sistema General de Participaciones (SGP) la preocupación sería menor que la que genera saber que cerca de la mitad de éstas se destina al pago de las Mesadas Pensionales, lo que de paso pone en evidencia que éstas dependen de los impuestos actuales y no los rendimientos de un Fondo Pensional real y efectivo, al que los cotizantes les pusieron la plata, desde hace décadas, pero que fue dilapidada en manos de sucesivos gobiernos nacionales. 

Cuarto, porque casi la mitad (cerca del 45%) del presupuesto está destinado a la atención de pasivos, situación que es bastante inquietante. Entre otras, porque puede significar una alta vulnerabilidad, considerando que cualquier cambio en las condiciones del dólar, y el pago de la deuda externa, al tiempo que cualquier efecto de la crisis sobre los recaudos fiscales podría poner en riesgo la atención del pasivo pensional. 

Quinto, porque los recursos para inversión no solo son insuficientes sino que, durante la ejecución pueden quedar más reducidos. Porque, de un lado, entre los problemas de mala contratación, corrupción e imprevistos, los recursos que finalmente se convierten en inversión son una mínima parte de las promesas ofrecidas

Sexto, porque estamos ante un presupuesto que obedece a la racionalidad machista y de guerreros y no de cuidadores de la vida y de derechos de la ciudadanía de carne y hueso. Al respecto, los recursos para la seguridad y la defensa son más que los que se destinan a la educación o la salud, y los dueños de patrimonio solo tributan para alimentar la guerra y no para financiar el futuro y el desarrollo.

Así las cosas, aprobar el presupuesto es la crónica de una exclusión anunciada, de rubros que no garantizan los derechos pero sí ratifican el modelo que mantiene la desigualdad, el desempleo, la pobreza, el despojo de tierras y el olvido de poblaciones vulnerables, y que nos confirma que estamos pagando impuestos para sostener un sistema que apenas ofrece soluciones indignas e intolerables.

Columna de opinión para el periódico La Patria

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