La economía informal golpea principalmente a las mujeres en Colombia

Hace pocos días hicimos en el Congreso de la República una audiencia sobre la situación de las personas dedicadas a las ventas informarles, a propósito de los desalojos y persecuciones que el Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, viene haciendo a los vendedores informales, vendedoras más bien, ya que en su mayoría son mujeres.

Alrededor de 500 personas acudieron al llamado que hicimos con colegas del Polo Democrático y el Progresismo y muchas se quedaron afuera, ya que el aforo del salón se quedó corto frente a la convocatoria.
Con lágrimas mujeres de todas las edades me pidieron que les ayudara, que intercediera para que ellas pudieran trabajar y sacar adelante a sus hijos y nietos. Me mostraron además de sus lágrimas y enojo, algunos de los artículos con los que ellas con dificultad, se ganan el sustento día a día.

Y la realidad es que en Colombia datos del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) señalan que en el trimestre (septiembre-noviembre) del año pasado, la proporción de ocupados informales en 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,7%. Para el total de 23 ciudades y áreas metropolitanas, fue de 48,8%. Es decir, la mitad de la población en edad de trabajar está en el sector informal con todo lo que ello implica: precarias condiciones de ingresos y condiciones de trabajo indignas.

El desempleo y la informalidad golpean con mayor fuerza a las mujeres. La tasa de desempleo de las mujeres es el doble que la de los hombres, o sea por cada hombre desempleado hay dos mujeres. De acuerdo con el DANE, la tasa de desempleo de las mujeres es el 10,8%, mientras que la de los hombres es de 5,9%. En tanto que el 57,5% de los hombres inactivos se dedicó a estudiar; esa misma proporción de mujeres inactivas se dedicó al hogar.

Por ejemplo en Bogotá, María Consuelo de 60 años, trabaja desde hace cinco, vendiendo portadocumentos plásticos desde las siete de la mañna para ayudar a su hija de 40 años, que sale temprano a trabajar con ella, y a su nieto que pronto cumplirá cuatro años. Los días de estas dos mujeres arrancan desde las cuatro de la madrugada. María Consuelo dice que sufre frío pero está contenta porque lo que gana le alcanza para sus “cosas personales y para la mitad del arriendo” que paga con su hija. Aunque a su edad la situación en la que se encuentra es alarmante, María Consuelo se siente bien, puesto que dice “no vivir apretada”.

En general es un dilema entre ciudadanos que sufren la invación del espacio público y familias en situación de pobreza y exclusión que no encuentran un camino laboral distinto a la venta informal, pero la realidad es que la Corte Constitucional (Sentencias T-396/97, T-772/03,T-386/13) ha protegido en distintas sentencias los derechos de estas personas que buscan sustento a través de la venta informal, ordenando, en el marco de un Estado Social de Derecho, el desarrollo de alternativas laborales, de inclusión social y con perspectiva diferencial y de género, cuya responsabilidad está en cabeza de los alcaldes locales.

Son las autoridades locales quienes tienen, por mandato de la Corte Constitucional, la obligación de trabajar mancomunadamente con los vendedores y vendedoras informales para diseñar políticas y programas que les permitan no sólo alternativas de trabajo en condiciones dignas, sino el desarrollo de estrategias para recuperar el espacio público, respetando sus derechos fundamentales y garantizando oportunidades labores y de empredimiento, particularmente para las mujeres.

De ser así, estoy segura que a María Consuelo, no le importaría tener todos los días sus manos frías, no a causa de vender portadocumentos en la calle, sino de sostener el cuento que lee a su nieto de cuatro años en las tardes capitalinas.

COLUMNA PARA EL PERIÓDICO LA PATRIA

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