Intervención en la audiencia pública popular sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018

INTERVENCIÓN ANGELA MARÍA ROBLEDO

MODERACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA POPULAR PND 2014-2018

ENFOQUE DIFERENCIAL Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.

27 de Abril de 2015.

 

Quiero saludar y agradecer al Representante Víctor Correa, al Senador Alberto Castilla y a Viva la Ciudadanía, el Ilsa, Planeta Paz y las demás organizaciones no gubernamentales que están organizando esta Audiencia, también quiero saludar a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos siguen a través de la trasmisión en el Canal Institucional y las redes sociales. En el día de hoy moderaré el Panel sobre cuáles lecturas hay de las Mujeres, los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades negras en el Plan de Desarrollo 2014-2018.

A modo de introducción, expondré, en primer lugar, algunos de los puntos que fueron incluidos sobre mujeres y equidad de género tanto en las bases del Plan como en el articulado, así como los puntos que no fueron incluidos a pesar de las demandas reiteradas del movimiento de mujeres. En segundo lugar, haré un breve resumen sobre el proceso de concertación de los pueblos indígenas con el Gobierno cómo fue el acuerdo y qué puntos siguen siendo neurálgicos; y finalmente, el desacuerdo de los pueblos afrocolombianos y comunidades negras con el Plan Nacional, a propósito de la demanda que interpuso Daniel Garcés, que hoy nos acompaña. 

Mujeres y enfoque de género en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018:

En la Ponencia Segundo Debate del Plan Nacional de Desarrollo fueron incluidos algunos aspectos sobre mujeres y género reconocidos por ONU Mujeres como la Evaluación participativa de la Política Pública Nacional de Equidad de Género y  de la Política Pública para la prevención de riesgos, la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado, a partir del segundo semestre de 2015.

Además de ajustes en las acciones, metas y presupuestos de estas políticas para avanzar en la protección y la  garantía de los derechos de las mujeres rurales, afrocolombianas, negras,  raizales, palanqueras e indígenas, que contribuyan a su estabilización social y económica, con un enfoque territorial, etario y de justicia. Así como, un mecanismo formal para institucionalizar la participación de las mujeres en el seguimiento a la Política Pública Nacional. De igual manera, se contemple un mecanismo formal que garantice que los presupuestos de las entidades sean sensibles al género. 

Ahora bien, dentro del articulado de la Segunda Ponencia Plan quedaron incluidas algunas proposiciones favorables a las mujeres de la siguiente manera: en el artículo 84  el Gobierno Nacional se compromete a reglamentar los mecanismos que permitan el fortalecimiento de las modalidades comunitarias y de Familia, Mujer e Infancia (FAMI), para lo cual hará énfasis en el mejoramiento locativo de la infraestructura para atender la primera infancia.

Por su parte, en el artículo 85 se crea una Estrategia para la Prevención del embarazo en la Adolescencia a cargo del ICBF y el Ministerio de Salud y Protección Social que tiene por objetivo generar políticas, programas y proyectos vinculados con la política de prevención del embarazo en la adolescencia. A propósito del enfoque étnico, en el artículo 119 se crea una política pública para la protección de los derechos de las familias, mujeres, niñas y niños, y mayores indígenas que será  debidamente concertada con las comunidades.

Además, en el artículo 131 se contempla la evaluación participativa de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y de la Política Pública para la Prevención de Riesgos, la Protección y Garantía de los Derechos de las Mujeres Víctimas del conflicto armado que iniciará el primer semestre del 2016 así como los mecanismos para que las mujeres puedan participar en la planeación y el diseño del presupuesto.

De otro lado, en el artículo 236 se incluye la Política de Mujer Rural en la que el Gobierno se Compromete a formular una política coordinada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que tendrá en cuenta el enfoque étnico, etario y territorial y estará orientada a  avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres rurales.

Sin embargo, otros aspectos importantes sobre mujeres y género continúan siendo problemáticos  y no fueron lo suficientemente incorporados. Puede decirse, que aún hay vacíos muy importantes en la equidad de género, entre los cuales cabe destacar los siguientes:

  • Enfoque diferencial: Aunque fueron incluidos programas con enfoque diferencial, las mujeres continúan siendo inexistentes en términos presupuestales, pues en el Plan Plurianual de Inversiones no hay un rubro específico que permita identificar la inversión para mujeres en el cumplimiento de tales programas, por lo cual, en la práctica, el enfoque de género termina siendo un saludo a la bandera. Aunque en las bases del Plan se mencionan que se implementarán Presupuestos Sensibles al Género no quedó incorporado en el articulado.
  • Educación y Trabajo. En las bases del Plan se reconoce que las mujeres son quienes más se gradúan en todos los niveles, y tienen más años de educación, se encuentran segregadas en el mercado laboral, pues hay más mujeres desempleadas con ingresos laborales menores y en menores cargos directivos. A pesar del reconocimiento de esta situación no hay ninguna propuesta concreta dentro del articulado del Plan para cerrar las brechas de género, solamente se mencionan iniciativas de capacitación para las mujeres que están en el sector informal.
  • Paridad. El Gobierno ha dicho que este tema de participación igualitaria de las mujeres en los espacios de participación ciudadana y política no lo va a incluir porque haría parte de una Reforma Constitucional, no de una Ley de Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, en las bases del Plan se plantean las siguientes metas:

 

Meta intermedia

Línea base 2014

Meta a 2018

Participación de las mujeres en los cargos de elección popular

17 %

22 %

Jóvenes y mujeres formados en liderazgo político (nuevos liderazgos)

1.400

4.000

 

Estas metas son importantes pero resultan siendo insuficientes si se considera que las mujeres son el 52% de la población, el 52% del total de los electores y hoy representan sólo el 21% de las Congresistas sin contar los demás cargos de elección popular.  Las mujeres han exigido la paridad, es decir que la meta sea del 50% que las mujeres sean incorporadas en condiciones de igualdad en los espacios de participación ciudadana.

Además no hay un presupuesto explícito para saber los mecanismos y estrategias que utilizará el gobierno para cumplir con dichas metas. Esto es cuestionable si se tiene en cuenta que Colombia es el tercer país en  América Latina con menor participación de las mujeres en el parlamento, y ocupa el puesto 67 entre 142 países en el empoderamiento político de las mujeres.

• Institucionalidad. El Gobierno Nacional no incorporó la creación de más Ministerios o Instituciones, es decir, negó la petición reiterada de las mujeres de transformar la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en una institución con autonomía patrimonial, administrativa y financiera con presencia en el Consejo de Ministros y el Consejo de Política Económica y Social y con capacidad presupuestal real. Hay una proposición que hemos venido trabajando con algunas organizaciones de mujeres, encaminada precisamente a la creación de una nueva institucionalidad para las mujeres.

• Política Pública Integral Participativa para Mujeres Rurales. Las mujeres rurales presentaros cinco artículos propuestos de los cuales fue incluido sólo uno sobre la Política de Mujer Rural, sin embargo, este artículo es muy diferente a los que se habían contemplado inicialmente. Por ejemplo, no se incorporó la propuesta concerniente a fortalecer la institucionalidad como la creación de la Dirección de Mujer Rural; la equidad en la titulación de tierras, la destinación del 10% del presupuesto de Ministerio de Agricultura para los programas de mujer rural y la participación de las mujeres en los diferentes órganos de decisión y seguimiento en el sector rural. 

• Economía del Cuidado. Aunque en las bases del Plan se menciona el compromiso del Gobierno de crear las bases institucionales, técnicas y económicas, para desarrollar el Sistema Nacional de Cuidados a partir de lo establecido en la Ley 1413 de 2010 definiendo una Agenda Nacional sobre Economía del Cuidado, conforme a la solicitud realizada al Departamento Nacional de Planeación. Hasta hoy, esta proposición no ha sido incorporada en el articulado del Plan.

El trabajo de cuidado del hogar debe considerarse como un bien social imprescindible para el desarrollo de cualquier sociedad y el funcionamiento de la economía, este trabajo recae especialmente en las mujeres y tiene la característica de no ser reconocido por parte de las políticas públicas ni valorado por gran parte de la sociedad.  A pesar de que según los cálculos si fuera remunerado equivaldría al 19,3% del PIB, mayor al que aporta las exportaciones 16,3%.

El trabajo de las cuidadoras de los niños y niñas, los adultos mayores, las personas discapacitadas ocupa el tiempo principalmente de las mujeres que en un 71% han afirmado, de acuerdo con una encuesta de Oxfam (2015) encargarse de estas tareas además de otras del hogar.  “Cuando se trata de actividades simultáneas de cuidado, las mujeres invierten 4 veces más tiempo que los hombres (5 horas y 23 minutos vs. 1 hora y 25 minutos”.

 

Indígenas y Plan Nacional de Desarrollo:

El Gobierno Nacional logró un acuerdo con la Mesa Permanente de Concertación de Pueblos Indígenas y el pueblo Rrom, a grandes rasgos en las Bases del Plan se incorporaron los acuerdos desagregados por cada estrategia del Plan, así el anexo de los acuerdos con los grupos étnicos quedó en: 1) Competitividad e Infraestructura; 2) Movilidad Social; 3) Transformación del Campo; 4) Seguridad, justicia y democracia; 5) Buen Gobierno y; 6) Crecimiento Verde.

De acuerdo con diversas declaraciones de organizaciones indígenas, este proceso de concertación se considera un logro si se tiene en cuenta que recogió las distintas propuestas de las Consultas Previas realizadas por más de 5 meses en los territorios. Cabe decir que en la Mesa Permanente de Concertación de Pueblos Indígenas están representados varios pueblos indígenas y 5 organizaciones nacionales.

Algunos de los líderes indígenas consideran que este proceso de concertación aunque no soluciona todos los problemas, constituye un avance histórico en la medida en que no había tenido antecedentes en la elaboración de ningún otro Plan de Desarrollo.  Sin embargo, cabe anotar que la concertación estuvo precedida de varios altibajos, y de un levantamiento indígena de las Mesas que se dio con la declaración de Asamblea Permanente a mediados de enero de este año.

Los distintos líderes indígenas señalaban la falta de compromiso del Gobierno para cumplir los acuerdos anteriores, incorporar las propuestas que se habían planteado desde los territorios de manera planificada, la falta de asignación presupuestal e incluso, la displicencia de algunos funcionarios con ellos. Los pueblos consideraron que había falta de garantías técnicas y políticas para continuar el diálogo con el Gobierno, así como falta de compromiso con el Plan Plurianual de Inversiones para destinar recursos específicos para cumplir los acuerdos.

Una vez el Gobierno nacional anunció la destinación de recursos para ejecutar las propuestas explícitas y garantizar el seguimiento y control al cumplimiento de los acuerdos de la Consulta Previa, los pueblos llegaron a un acuerdo con un voto de confianza en el Gobierno.  De esta manera, uno de los avances más reconocidos fue el compromiso del Gobierno con la destinación de 8 a 11 billones de pesos para el desarrollo de los programas y propuestas concertados.

Otro de los avances fue dotar un marco jurídico para el desarrollo de dichas propuestas de respeto por el gobierno propio, la administración de justicia y el enfoque diferencial en los programas, en especial para víctimas del conflicto, mujeres y niños;  u otros para satisfacer las necesidades de los pueblos. Además, el Gobierno se comprometió con la expedición  de decretos reglamentarios para las estrategias estipuladas, y la asesoría del DNP para la asesoría a las comunidades en la formulación de proyectos e inversión de los recursos. 

No obstante,  algunos líderes consideran que puntos neurálgicos como la revisión de las licencias ambientales, los títulos minero- energéticos y las concesiones no fueron pactados, lo cual sigue generando riesgos en sus territorios y vacíos normativos para la preservación ambiental, la protección de los territorios y los recursos naturales. Lo cual en la práctica seguirá amenazando a muchos pueblos que puedan ser desplazado por este tipo de políticas que atentan contra el medio ambiente, el patrimonio cultural y social de los pueblos.   

Pueblos afro y Plan Nacional de Desarrollo

Anteriormente se han mencionado algunos vacíos del Plan para con las mujeres y pueblos indígenas, pero cabe decir, que de manera crítica el Plan “de desarrollo” olvida a los pueblos afro, comunidades negras, rom y raizales, pues sólo existe un artículo en toda la propuesta que las menciona. Sin embargo, el Plan de Desarrollo no logró ser concertado con las comunidades pues las mesas establecidas presentaron a mediados de abril del presente año una demanda ante el Tribunal de Cundinamarca por la violación del derecho a la Consulta Previa de los pueblos Afro.  

La demanda fue interpuesta por Daniel Garcés Carabali de la Autoridad Nacional Afrocolombiana –Anafro- en coordinación con el Proceso de Comunidades Negras que abarca varias organizaciones afrocolombianas del país. De esta manera, la mayoría de representantes de los pueblos afro, consideran que el Gobierno Nacional violó el derecho a la igualdad de los pueblos afro porque no estableció un proceso de Consulta Previa como es el caso de los pueblos indígenas y Rrom; en ese sentido, consideran que la negación de este derecho reitera la segregación y discriminación hacia los afrodescendientes.

En la demanda se pedía la protección de “derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, la participación, la consulta previa, libre e informada del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, al derecho a determinar el modelo de desarrollo autónomo del pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal”[1].

Para ellos, el Plan Nacional de Desarrollo no incorpora realmente el enfoque diferencial, dejando por fuera todas las consideraciones epistemológicas del contenido y la práctica de dicho enfoque. Una de las críticas más fuertes al Gobierno tiene que ver con la falta de respeto al derecho que cada pueblo tiene para decidir la manera como deben ser consultados, y la falta de comprensión de que la Consulta Previa no puede ser aplicada para todos los pueblos étnicos por igual.

La aplicación de dicha consulta debe comprender las distintas dinámicas de los afrocolombianos y tener el mismo respeto por las diferencias y las propuestas generadas desde los territorios. Esta demanda presentada puede revertir el Plan Nacional de Desarrollo por vicios de procedimiento e incluso violación a los convenios internacionales que el Estado ha suscrito para reconocer y garantizar los derechos de los pueblos afro.   

Con esta breve introducción, invito a Migdolia Rueda Bolaños del Colectivo de Pensamiento y Acción, Mujeres, Paz y Seguridad; Daniel Garcés Carabalí de la Autoridad Nacional Afrocolombiana –Anafro-; Ariel Palacio de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas –CNOA-; Oscar Montero de la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC- y Miguel Angel González, representante organizaciones de personas con discapacidad.  Los ponentes expondrán de qué manera el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 incorporó proposiciones sobre mujeres y género, los procesos de concertación, acuerdo y desacuerdo con los pueblos indígenas y afrodescendientes; y nos ha pedido la palabra Miguel, para exponer un análisis de cómo el Plan incluye a los discapacitados. Entonces, les doy la palabra, vamos a escucharlos.  

 

[1] El Espectador. (10 de Abril de 2015) “La tormenta que enfrenta el Plan Nacional de Desarrollo”. Disponible en línea: http://www.elespectador.com/noticias/politica/tormenta-enfrenta-el-plan-nacional-de-desarrollo-articulo-554341

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