Intervención durante el conversatorio «No más Impunidad»

¡Una guerra en clave de Horror!  Violencia sexual un crimen invisible, oculto e impune en Colombia

Por: Ángela Robledo

Representante a la Cámara

 

Estamos aquí hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer para denunciar, para recordar, para no olvidar el horror que ha significado para miles de víctimas en Colombia, en especial para miles de  mujeres vivir en medio de una guerra degradada, inhumana, y casi centenaria.

Como diría la profesora Veena Das, estamos hoy aquí para que desde la narrativa del conocimiento envenenado que emerge del dolor y da cuenta de los modos como las “víctimas” padecen, perciben, persisten y resisten las violencias, podamos también  comprender cómo recuerdan sus pérdidas, cómo hacen sus duelos, acudiendo a  enunciados y acciones. Éstas articuladas a su cotidianidad nos permiten reconocer los recursos socioculturales con los cuales estas mujeres  enfrentan la adversidad. 

Para nadie es un secreto que en Colombia, pese a algunos avances normativos y a la nutrida existencia de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, los cuerpos de las mujeres son territorios de guerras, trofeos para los combatientes y carnada entre enemigos a causa del conflicto armado que vivimos. Violencia sistemática, invisible, generalizada que ejercen todos los grupos armados (legales e ilegales), como un medio efectivo para torturar, humillar, como forma de terror  o de castigo dirigido de manera específica a mujeres que tienen con la guerra distintas relaciones.

Mujeres que son amenazadas y perseguidas por el  liderazgo que ejercen en sus comunidades,

Mujeres  que lloran, sufren y ven, con resignación unas, desafiantes otras, cómo se les trastoca la vida,

Mujeres que se resisten, protestan y se organizan contra la guerra,

Mujeres que son enroladas de maneras directas o indirectas en las filas de los ejércitos guerreros (Informe Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2010) La Masacre de Bahía Portete). 

Mujeres, mujeres indígenas, mujeres afro-descendientes, ,  mujeres mestizas, mujeres jóvenes, niñas marcadas en sus cuerpos y en sus almas. Mujeres que transitan del dolor y del sometimiento a la dignidad y a la libertad.

Lo peor es que muchos de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad que incluyen torturas, violaciones, desapariciones y la muerte de miles de mujeres, permanecen ocultos, silenciados e impunes, muchas veces por temor, por vergüenza o simplemente por la desidia del Estado para investigarlos y castigarlos.

Muchas voces desde todos los rincones se han alzado para gritar que la violencia sexual contra las mujeres constituye una clara contravención a los derechos humanos y en particular al Derecho Internacional Humanitario, que  es el  crimen más invisible  y que constituye un macabro repertorio  que va desde la violación, la tortura, las desapariciones, la esterilización forzada y el aborto forzado hasta  el control  de la vida social y cultural de las mujeres. Un crimen cuyo común denominador es la Impunidad, como lo denuncian la Corte Constitucional, Defensoría del Pueblo, Amnistía Internacional, las distintas plataformas de mujeres, los colectivos de mujeres. 

Se estima que en los últimos diez años, unas 500.000 mujeres han sido abusadas sexualmente y que el 82% no denuncia por miedo a sus victimarios, por vergüenza y porque además no se  confía en la justicia.

La profundización de la estrategia de la (-mal-) llamada seguridad democrática dejó a la población civil en una situación de extrema indefensión y vulnerabilidad entre los distintos bandos, lo cual la expone a violaciones permanentes y sistemáticas de sus derechos humanos, en particular a las mujeres. Así lo informó Amnistía Internacional en 2004 cuando señaló que “en medio de la guerra, la población civil no sólo termina atrapada entre el fuego cruzado de los armados, sino que además se convierte en blanco de sus ataques especialmente las comunidades en situación de mayor riesgo”, como se ha evidenciado con las mujeres campesinas del Salado, las mujeres indígenas del Cauca o del Putumayo, las mujeres afro descendientes del Chocó, las mujeres del nordeste y sureste antioqueño, las mujeres indígenas de Bahía Portete y las mujeres ubicadas en los barrios de la periferia de muchas ciudades. Lo peor es que hoy, seis años después, no existe ningún indicador que sugiera que esta situación ha cambiado o por lo menos mejorado, lo cual queda ratificado en su último informe del 2011. La impunidad sigue intacta: es total y los crímenes no disminuyen.

 

En un gobierno que tiene como bandera una ley para reparar a las víctimas no cabe el silencio permanente que rodea este crimen, ni tampoco la falta de acciones adecuadas  y efectivas especialmente desde el Ministerio de Defensa, m dado que diversas fuentes nacionales e internacionales señalan a algunos  miembros de las Fuerzas Militares  como presuntos perpetradores de la violencia sexual. De igual manera, el 73% de las mujeres considera que los integrantes de los grupos armados (guerrilla y paramilitares) son un obstáculo para que se haga justicia.

 

Estamos aquí para denunciar, para recordar, para no olvidar, pero también estamos hoy aquí para proponer algunos caminos desde la ley, para erradicar tanta  IMPUNIDAD.

Pondremos a disposición de ustedes el borrador del proyecto de ley que busca, por un lado, disminuir la impunidad en los casos de violencia sexual contra las mujeres en el marco el conflicto armado y, por otro lado, contribuir a que la justicia no sea un impedimento para garantizar los derechos de las víctimas sino que sea una herramienta que restaure derechos vulnerados de mujeres. Queremos recibir, de primera mano, aportes precisos al articulado por parte de todas y todos ustedes para enriquecer la normatividad y darle mayor pertinencia al proyecto, en el marco de la factibilidad jurídica.

Las propuestas específicas del proyecto de ley son:

Armonizar la legislación nacional con el derecho internacional en materia de violencia sexual contra la mujer en el marco del conflicto armado. En el último informe de Amnistía Internacional 2011: “Eso es lo que nosotras exigimos. Que se haga justicia” queda clara esta necesidad, allí se afirma: “El Código Penal colombiano no refleja las definiciones de los crímenes de derecho internacional en ciertos aspectos claves que afectan al derecho de las sobrevivientes de la violencia sexual a la justicia y la reparación”. Hacer esta armonización contribuye, por un lado, a tipificar este delito dentro de circunstancias en las que se exacerban las condiciones de vulnerabilidad y, por otro, , aporta instrumentos a los operadores de los territorios para poder aplicar eficaz y rápidamente la ley. 

Precisar en qué casos este tipo de delito es un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad. En estos casos este delito es imprescriptible. Sobre este punto, la Corte Constitucional ha admitido que estos actos en el marco del conflicto armado son generalizados y sistemáticos, es decir, se deben configuran en crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra y deben ser enjuiciados a la luz del derecho internacional y no como delitos ordinarios o comunes. 

Revisar los procedimientos de valoración de las pruebas en estos casos: Tal y como están planteadas hoy en día se revictimiza a las víctimas, el acceso a la justicia parece más un obstáculo a superar por parte de la víctima que una herramienta que garantice sus derechos vulnerados -Antes de protegerte, atenderte y, ante todo, cuidar tu vida, te exijo mil tramites que, además, en muchos casos son humillantes.

Revisar las medidas de atención, protección y acceso a la salud de las víctimas. Dichas medidas, en este momento, no son ágiles, expeditas y eficientes. La ley puede contribuir a superar estos obstáculos que duplican el sufrimiento de las víctimas.

El Ministerio de Defensa no sólo debe expedir circulares anunciando su intención de Cero Tolerancia a la Violencia Sexual por parte de los militares. Debe crear un protocolo de reacción inmediata ante la noticia de un hecho de violencia sexual, dicho protocolo debe contemplar sanciones precisas a estos victimarios- este punto no existe en la legislación actual y es crucial, dado que los principales violadores en el marco del conflicto armado son los militares-

 

Quiero reafirmar que esta ley es un hecho  jurídico y político. Debe ser instrumento que contribuya a disminuir la impunidad frente a este delito y a visibilizarlo como intolerable.

Ha sido un camino tortuoso y falta mucho por avanzar aún. Se necesita en primer lugar voluntad política de los gobernantes, ciudades solidarias con las mujeres víctimas que se la jueguen por acompañarlas y ayudarles a derrotar la soledad, un campo en paz y con mayores oportunidades para las mujeres,  políticas públicas contundentes, sistemas de información eficientes y un sistema de justicia que mire de manera diferencial a las mujeres y que considere sus particularidades atendiendo  el contexto de la guerra en que vive el país.  Se necesita una ley que tenga en cuenta este contexto, una política pública comprometida con los derechos de las mujeres y un cambio cultural que permita abandonar la cultura patriarcal y los prejuicios, y, de esa manera, impulsar acciones colectivas y actitudes que impidan que la impunidad siga rampante.

Instamos al Gobierno Nacional para que acoja las recomendaciones formuladas tanto por organismos nacionales, como en el informe de Colombia sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas del 2011, para que invite a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre  la violencia sexual contra la mujer, causas y consecuencias. 

¡NO más IMPUNIDAD contra las MUJERES en el Conflicto!

8 de marzo. Día Internacional de la Mujer

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