El ESMAD, una tarea pendiente.

Ante los desmanes del ESMAD, los y las estudiantes continúan sus marchas por la defensa del derecho a la protesta social.

En la audiencia pública sobre la situación de los DDHH durante las movilizaciones estudiantiles, se exigió la aplicación del protocolo para garantizar el derecho a la protesta social.

Bogotá, 24 de enero de 2019.- En la audiencia pública “Situación de DDHH durante las movilizaciones estudiantiles” realizada en la Cámara de Representantes el pasado 14 de diciembre de 2018, las y los líderes del movimiento estudiantil expusieron los abusos de poder por parte del ESMAD durante las manifestaciones estudiantiles que buscaban financiación para la educación pública. Esta audiencia fue liderada por el movimiento UNEES (Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior) y citada por la representante Ángela María Robledo de Colombia Humana y el senador Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo. Para la convocatoria, también se sumaron los congresistas, María José Pizarro de la Coalición Decentes, Antonio Sanguino y León Fredy Muñoz de Alianza Verde.

En la audiencia se destacó como superior el derecho a la protesta social porque “permite mantener vivos otros derechos por lo tanto, debe ser prioritariamente protegido” indicó Víctor Andrés Barrera Ramírez, vocero del CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) quien llamó la atención porque el debate sobre la protesta social “está fundamentado sobre prejuicios políticos y no en evidencias”, y agregó que el tratamiento equivocado a las manifestaciones genera consecuencias con las que pierde la sociedad en general: “pierden los manifestantes que ven vulnerados sus derechos, los sectores que reclaman quedan estigmatizados y las instituciones del Estado también pierden credibilidad afectando otras dimensiones de su acción”.

 Barrera expuso una investigación del CINEP que realizó el seguimiento a 23.696 casos de protesta social desde 1975 con corte a 2016, para sustentar que el Gobierno y la autoridad como garantes pueden planificar la atención al derecho de protesta social, porque hay mediciones sobre su intensidad, geografía, tiempos y repertorio siendo las marchas y el bloqueo de vías las formas más comunes de protesta. Recomendó la necesidad de: “construir una nueva narrativa sobre la protesta social, no como un problema de orden público sino como una expresión democrática, comprendiendo que manifestantes y policía no son los únicos actores, sino que también están las autoridades gubernamentales con claros sesgos contra la protesta social y de ahí la utilización del ESMAD para temas diferentes a su objeto”.

Al respecto, Cristian Delgado, vocero de la Cumbre Agraria, rememoró que después del paro campesino la ONU emitió un concepto sobre la necesidad de la creación de un protocolo para garantizar el derecho a la protesta social lográndose así con la Resolución 1190 de 2018 “para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre de circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica».

Para la creación de este protocolo también participó la Policía Nacional de Colombia, como lo explicó su Jefe de DDHH, el coronel Manuel Castro Castillo, quien luego de escuchar a los y las estudiantes y sus denuncias, mencionó los trabajos al interior de la institución para corregir las situaciones que se salen del marco legal y ético, creándose las resoluciones 02903 del 23 de junio de 2017 sobre el uso de la fuerza, y la Resolución 03002 de 29 junio de 2017 sobre el Manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios. El coronel Castro manifestó que la institución era la más interesada en recoger las denuncias y las observaciones por su política de transparencia policial, y que respecto a los hechos violentos denunciados iniciaron los procedimientos legales contra cuatro uniformados; así mismo informó que vienen trabajando con la ONU y con el PNUD, que entre varias recomendaciones está la de realizar investigación social aplicada, por eso su interés de participar en espacios académicos y de reflexión, e instó a los líderes estudiantiles  a trabajar en conjunto.

POR EL DESMOMTE DEL ESMAD, LA MARCHA CONTINÚA

Los y las estudiantes, expresando su voz solidaria con las víctimas de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander y de rechazo contra todas las formas de violencia, suspendieron las marchas “por el desmonte del ESMAD” programadas para el pasado 17 de enero, informando la intención de continuarlas el jueves 24 de enero en Bogotá y otras ciudades del país.  Al respecto, la representante a la Cámara por Colombia Humana, Ángela María Robledo, manifestó su voz de apoyo al movimiento estudiantil: “El ESMAD fue creado como un dispositivo transitorio en el gobierno de Andrés Pastrana para acompañar la protesta social. Durante estos veinte años ha habido nueve víctimas letales, entre ellas cinco universitarias. Nosotros pensamos que llegó el momento de terminar con el ESMAD. Más que un cuerpo de protección y garantías para la protesta social se ha convertido en un dispositivo de inseguridad y de vulneración de Derechos Humanos, por eso ¡Chao ESMAD!”.

 

Presentación de Víctor Andrés Barrera Ramírez, vocero del CINEP, sobre el Esmad. by Angela Robledo on Scribd

Prensa
Margarita Velásquez
Cel: 3006115592

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