Directora convirtió al ICBF en un “monstruo” contratista: Ángela Robledo
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Estas son las principales conclusiones de las presuntas irregularidades encontradas por la Representante Ángela Robledo en la investigación sobre el ICBF para un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La Representante a la Cámara, Ángela Robledo pidió a la Directora del ICBF renunciar a su cargo debido a su incapacidad para fortalecer el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y, en cambio, converitirlo en un “monstruo que sólo se ocupa de contratar, contratar y contratar mientras que la garantía de derechos de las poblaciones más pobres y vulnerables está en veremos”. Elvira Forero llegó al ICBF de la mano del ex presidente Álvaro Uribe en 2006 y su gestión, que la Procuraduría califica de desfavorable y la Contraloría evalúa de ineficiente, se ocupó de duplicar y concentrar 80% de un presupuesto que hoy llega a los casi 4 billones de pesos (3.9 billones). Es decir, que Forero decide directamente sobre 3 billones y medio destinados a “alimentar” una serie de empresas, grupos, consorcios y hasta organismos internacionales que tanto la Procuraduría como la Contraloría investigan por cuenta de múltiples irregularidades que van en contravía de los principios de transparencia y probidad impulsados desde el gobierno Santos. Mientras Forero opina que ha mejorado la gestión disminuyendo los procesos contractuales (pasó de unos 150 programas a 12 proyectos concentrados), Robledo denuncia que esta concentración de los recursos en la Dirección General del ICBF acarrea problemas de transparencia, aumenta los costos de transacción, favorece los monopolios, homogeniza la producción y la alimentación, debilita el papel de sus 33 regionales (Las alcaldías y las regiones no tienen ninguna incidencia en esta institución, en términos de presupuesto y aplicación de políticas públicas). Es decir, que la descentralización que promueve la Constitución Nacional no se aplica, y lo que es más grave, la garantía de derechos de la niñez, la adolescencia y las familias, se ve seriamente afectada. A cuenta de la “gestión empresarial a gran escala” de Elvira Forero, el ICBF perdió su norte y se convirtió en una empresa contratista que no cumple su misión de garantizar y restablecer los derechos de las familias más pobres del país. Los recursos que destina el ICBF para alimentar a niños y viejos en mayor situación de vunerabilidad, van a los bolsillos de contratistas como el Grupo Torrado, Cooperativa Colanta, Red Alma Máter y la Organización Internacional de Migraciones (OIM), entre otros. El Grupo Torrado ¿Un carrusel nacional de alimentos? El Grupo Torrado de 2006 a 2011 en estos dos programas PAE y PNAAM obtuvo casi 82 mil millones de pesos (81.711 millones de pesos) del ICBF, sin contar los recursos de cofinanciación. En promedio de 2009 a 2011 el PAE tuvo 26% de los contratos por concesión y uniones temporales. Es decir, 1 de cada 4 pesos de los consorcios y uniones temporales contratados por el ICBF de 2009 a 2011 se fueron al Grupo Torrado. El total de este tipo de contratos en este período fue de 191 mil millones, o sea, se contrató con éstos un total 49 mil millones de pesos. Para el caso del programa PNAAM, en el 2009 uno de cada tres pesos se fueron de nuevo al Grupo Torrado (38%). Vale la pena destacar que en el 2006 obtuvieron el 92% de los recursos de los contratos por concesión y uniones temporales. Es de público conocimiento que el Grupo Torrado estuvo involucrado también en el carrusel de la contratación de Bogotá y que contrató con la Secretaría de Integración Social (SDIS) por cerca de 162 mil millones, pese a sus múltiples incumplimientos y mala calificación por parte de la Contraloría. Se sabe también que son empresas vinculadas con familiares de los dirigentes del Partido de la U, Efraín y Edgar Torrado García y que su manejo corre por cuenta de los sobrinos Torrado quienes controlan 52% del capital social de la empresa: René Torrado, Andrés Jiménez Torrado y Alexander Torrado que figura con distintos cargos y responsabilidades en las múltiples empresas del Grupo. Es preocupante, según Robledo, que los políticos relacionados estén involucrados en “hacer empresa” cuando de recursos públicos se trata, lo cual podría ser considerado como tráfico de influencias. Contrario opina Álvaro Uribe quien en un homenaje al Senador Torrado anunció que: “No es fácil encontrar en la vida privada alguien cuyo propósito empresarial tenga como único objetivo creer en la ciudadanía y servirle ¡Qué bonito! Un gran ejemplo para el ejercicio de la actividad privada en Colombia”. Es aún más preocupante el modo como operan estos consorcios y uniones temporales que además de presentarse varias de ellas para una misma convocatoria, incumplen los contratos, se los ceden entre ellos mismos, evitan sanciones, siguen contratando y atentan contra la garantía de los derechos de los más pobres. Y más preocupante aún que el ICBF no tenga establecidos controles para tal fin y no pase nada de nada. Los programas PAE y PNAAM dirigidos a solucionar la problemática de hambre en el país focalizados en niños y viejos de los niveles 1y 2 de Sisben, pertenecientes a poblaciones indígenas y desplazadas presentan un sinnúmero de irregularidades desde la concepción y planeación, pasando por la contratación y la implementación de los mismos, hasta su impacto. Unos 5 millones de niños en Colombia (50%) no reciben nutrición adecuada debido a las trampas en el sistema de contratación y a la negligencia, ineficiencia e inoperancia de la dirección general del ICBF. Son innumerables y de diversa índole las quejas que Ángela Robledo ha recibido desde todos los rincones del país sobre la calidad, la cantidad, cobertura y la oportunidad de los alimentos que contrata directamente, la Directora del ICBF, Elvira Forero, en particular con el Grupo Torrado y que coinciden con los hallazgos de los entes de control: menores cantidades de alimentos a los estipulados, alimentos muy maduros, en estado de descomposición, contaminados, sin registro INVIMA y que no cumplen con la variedad y exigencia de nutrientes, establecidos en minutas. Es frecuente que roten la distribución, se habla en algunos lugares del pico y placa en los comedores y muchos niños y viejos se queden sin el alimento en determinados sitios, pero se dice que se cobran los cupos completos. No se llevan controles, ni registros de las entregas, la información al respecto es totalmente deficiente. En el informe de agosto de este año sobre el ICBF la Procuraduría anotó: “Es motivo de preocupación las presuntas inconsistencias respecto a los contratos de Alimentación Escolar (PAE) y de Adulto Mayor (PNAAM) porque se ha podido poner en riesgo derechos fundamentales a la salud alimentaria y, por ende, a la vida de niños y adultos mayores beneficiarios. De acuerdo con el ente de control: “No se entiende cómo el ICBF desde el 2006 contrata con los mismos operadores, no obstante que en los informes de interventoría se establecen reiterados incumplimientos que atentan contra su función misional”. Ríos de leche y galletas Colanta arrancó su planta en Funza (Cundinamarca) de la mano del proyecto piloto del programa DIA con 78 mil niños (2002); cobertura que alcanza 1 millon 800 mil beneficiarios (2010) y que ha reportado ingresos cercanos a los 30 mil millones de pesos por año en un negocio que no parecía muy próspero . Un ejemplo: En 2005 el ICBF ordenó la apertura de la licitación pública ICBF-SN-02-05, con el objeto de “Seleccionar propuestas para contratar el servicio de alimentación consistente en el suministro del complemento alimentario de desayunos infantiles”. Allí se evidencian unos términos de referencia que al parecer facilitan la prestación del suministro al contratista y que además, parecería los favorecen económicamente. No se explica cómo el portal único de contratación SEGOB señala que la cuantía inicial de contratación fue de 26,468,729,454, que la cuantía que se contrató fue de 50.352.644.000 y que se realizara una adición (a los 4 meses) por un valor de 26.418.376.810, dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro millones ciento nueve mil seiscientos veinte pesos (2.484.109.600) más de lo permitido por la ley, ya que según La ley 80 del 93 solo: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”. ¿Nos podríamos imaginar lo que significaría que todos los niñ@s en Colombia desayunaran todos los días, durante sus primeros seis años de vida, con leche y “galletas fortificadas, privilegiando además a un proveedor como Colanta? Preocupa que el ICBF deje de lado la posibilidad de fomentar la seguridad alimentaria y la promoción de la producción y el consumos local para favorecer monopolios a gran escala que según señala la Contraloría no cumplen con los lineamientos en relación a la edad de los niños y cuya gestión se califica de ineficiente y antieconómica en algunas ocasiones. ¿Cómo podemos seguir permitiendo que niñ@s en condición de extrema pobreza no puedan contar con una alimentación variada y enriquecida para sus primeros años de vida? Alma Máter: ¿La bolsa de empleo de la Directora del ICBF? La directora del ICBF, teniendo una planta de 5.100 funcionarios, contrató (entre 2007 y 2011) 7.470 profesionales de diversas especialidades con Alma Máter, concentrando en la Sede Nacional, es decir, en Bogotá 4.108 (55%) de estos contratistas. A pesar de que la directora del ICBF ha expresado en diversos medios de comunicación que la contratación de estos profesionales está dirigida a fortalecer los equipos psicosociales de las defensorías de familia en las áreas de nutrición, trabajo social y psicología, se constató, mediante análisis del convenio 024 de 2010 que el perfil de los profesionales contratados está centrado en ingenieros (36.6%), abogados (17%) y administradores de empresas (9%), con contratos muy cortos que por ende no generan procesos. Tampoco son claros los criterios de remuneración con los cuales se les contrata. El ICBF suscribió con Alma Máter el Convenio 024 del 1 de julio de 2010 por cerca de 9 mil millones de pesos ($8.917.091.223). El 30 de septiembre del mismo año, realizó una adición por 215 millones; a través de este convenio se firmaron 617 contratos cuyo tiempo de servicio va en promedio de 30 a 90 días. La Procuraduría encontró que entre 2007 y 2011 se realizaron convenios con el mismo objeto de manera sucesiva en un lapso entre 90 y 150 días por un valor cercano a 198 mil millones de pesos y además, señalo que nadie más fue convocado para esta contratación, lo cual promueve la elusión sistemática de la contratación pública y podría configurar fraccionamiento de contratos. La Procuraduría señaló también que podría tratarse de una nómina paralela puesto que los contratistas cumplen funciones misionales, en tanto que la Contraloría conceptuó que los giros por más de 1.555 millones de pesos a favor de Alma Máter podrían ser irregulares. Señaló también que la vinculación de personas para actividades misionales implica que la institución maneja recursos públicos y puede configurar un presunto detrimento, al tiempo que viola los principios de transparencia. OIM ¿La caja menor de la Directora del ICBF? La Organización Internacional para la Migraciones –OIM- ha suscrito con el ICBF unos 32 convenios por un valor aproximado a los 300 mil millones (2006 y 2011), casi todos estos convenios fueron firmados en el mes de diciembre que es cuando las entidades realizan el cierre contable y presupuestal. Llama la atención que siendo la OIM un organismo internacional dirigido a atender poblaciones en situación de desplazamiento, migraciones forzadas y reclutamiento entre otras, al revisar algunos convenios de 2009-2010 se encontró que los objetos definidos no tienen nada que ver con su mandato: Construcción de un hogar en Tumaco; construcción y adecuación de una sede educativa; adquisición de elementos de dotación para la primera infancia; diagnósticos a hogares infantiles; son algunos de los reportes investigados por la Procuraduría. Vale la pena recordar que la sede de la OIM en Colombia es la más grande del mundo ¿Tendrá esto algo que ver con los convenios con el ICBF? Estas denuncias fueron preparadas por Ángela Robledo para un debate de control político a la directora del ICBF, solicitado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes desde julio pasado y aplazado en 5 oportunidades por razones que aún desconocemos.
LEA AQUI LA COLUMNA DEL PERIODISTA DANIEL CORONELL SOBRE EL CARRUSEL TORRADO. |
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