Desaparición forzada: el drama de las “mujeres invisibles”

Desaparición forzada: el drama de las “mujeres invisibles”

Bogotá, noviembre 4 de 2015

En Colombia cifras oficiales indican que existen 122.155 personas afectadas por la desaparición forzada, incluyendo 13.448 víctimas directas de la guerra, sus padres, hermanas y hermanos (RUV, abril de 2014). Según el Centro Nacional de Memoria Histórica las víctimas directas de la desaparición son unas 22 mil incluidas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos). 

Entre estas escalofriantes cifras están los 27.311 casos de mujeres reportadas como desaparecidas, de los cuales 2.493 se encuentran clasificados como desaparición presuntamente forzada.  Se estima que dentro de este grupo hay 777 casos de niñas en edades de 0 a 17 años (Forensis 2014).

Ángela Robledo denunció hoy en debate de control político que “Sumado al atroz crimen de la desaparición forzada, las mujeres, como es frecuente, sistemático y reiterativo, llevan la peor parte: primero porque no existe el concepto mismo de mujeres desaparecidas; segundo porque la ausencia de una política de búsqueda con perspectiva de género es total y, tercero, porque persisten estereotipos de género que invisibilizan los crímenes conexos que trae para las mujeres la  desaparición forzada y que están relacionados en la mayoría de casos con violencia sexual que hace parte de las estrategias y las tácticas de la guerra en Colombia”.

La congresista aseguró que desde el primer momento en que se conocen los casos de desaparición hay negligencia de las autoridades que desestiman el hecho, no se activan las alarmas para la búsqueda efectiva de las mujeres vivas y tampoco consideran importante en la investigación,  los crímenes atados a la desaparición como la violencia sexual, la desnudez forzada, la tortura, entre otros, como el paradero de los cadáveres.

Las mujeres además de ser víctimas de la desaparición son también quienes asumen de manera heroica la búsqueda de los hombres desaparecidos. Emprenden cruzadas maratónicas hasta dar por cuenta propia con el paradero de sus hijos, esposos o familiares víctimas de este flagelo, sin que el Estado les responda.

Robledo aseguró que lo más lamentable  es que para este crimen como para muchos otros en el país, pero especialmente para aquellos relacionados con las mujeres, la impunidad es total: Según Dejusticia el 95% de los casos de mujeres desaparecidas forzadamente está en la impunidad (2012).

Así lo denunció también la Fundación Nydia Erika Bautista en el Informe Alterno al Comité sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas, el cual señala que: “(…) en el 80% de los casos no hay investigaciones activas en el estricto sentido sobre los hechos; el 85% de los casos han sido archivados, precluidos o cerrados con resolución inhibitoria y en el 99%, no hay autores enjuiciados y condenados (…)”. (2015).

La desaparición forzada de mujeres ha venido aumentando año tras año hasta cuadruplicarse, sin que ello convoque la voluntad política del Gobierno y sus instituciones para tomar medidas en el asunto: “De 1.398 (2000) a 7291 (2009) y luego al doble de los años 2010 a 2013 cuando se registraron 12.368 casos. Entre los años 2000 y 2013 se presentaron 19.659 casos de mujeres desaparecidas sin información”.   (Informe Desaparición Forzada de Mujeres, Fundación Nydia Erika Bautista. 2015).

El caso de las cuatro hermanas Galárraga Meneses, secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas por paramilitares en La Dorada (Putumayo) en 2001

Yenny Patricia (19 años), Nelsy Milena, Mónica Liliana (gemelas de 18 años) y María Nelly (13 años) Galárraga Meneses, de La Dorada (Putumayo), señaladas por los paramilitares del bloque sur de ser “colaboradoras y tener relaciones sentimentales con la guerrilla”.

Durante el cautiverio fueron víctimas de violencia sexual. La niña y las adolescentes fueron sometidas a interrogatorio ante las cuadrillas paramilitares y sometidas a desnudez forzada.  Nelly, Yenny y María Nelly, fueron desmembradas vivas y Monica murió producto de una lesión por mecanismo contundente en el cráneo. El Instituto Nacional de Medicina Legal señaló que el descuartizamiento fue utilizado como método de tortura. Los cuerpos de estas mujeres fueron hallados en una fosa común, con señales de tortura y con sus partes desmembradas.

El desenlace del caso

En el 2001, seis meses después de los hechos, se dictó resolución inhibitoria y el caso fue archivado. En el 2010, después de que fueron encontrados los cadáveres de las hermanas Galárraga (en fosas clandestinas) se activó el mecanismo de búsqueda.  En 2011, a petición de la parte civil, se revocó la resolución inhibitoria. En el 2013 se realizaron cuatro capturas, sin embargo, en junio de ese año, se decretó la prescripción del delito de violencia sexual.  En 2013 se vincularon al proceso a seis individuos, se decretó la apertura de instrucción por desaparición forzada agravada, secuestro simple, acto sexual violento y desplazamiento forzado y se ordenó su captura. En  2014, se vinculó a tres individuos por desaparición forzada, homicidio agravado, concierto para delinquir, secuestro y desplazamiento forzado. Ese mismo año se resolvió la situación jurídica de los captuados, ordenando la detención preventiva  de tres de ellos como autores materiales impropios de un concurso homogéneo y heterogéneo de desaparición forzada agravada, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, secuestro simple, y desplazamiento forzado. Este año la mayor parte de estas capturas fueron canceladas.

PRENSA 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

VER PRESENTACIÓN DEL DEBATE

 

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.