¡De la inmunidad a la impunidad parlamentaria!
La Procuraduría General de la Nación decidió no darle trámite a la queja que interpuse en noviembre del 2012, contra el senador Roberto Gerlein por sus expresiones discriminatorias y homofóbicas contra la comunidad LGBTI durante el trámite del proyecto de ley dirigido a regular las uniones matrimoniales igualitarias en el país, el cual fue inicialmente discutido en la Comisión Primera de Senado a finales del año pasado.
El Procurador General, Alejandro Ordóñez, quien dentro de sus funciones constitucionales debe ser garante de los derechos humanos en Colombia, consideró de manera cínica que: «(…) Las declaraciones del senador Gerlein se dieron en el marco de un debate legislativo (…) resulta absolutamente claro que las mismas se emitieron en ejercicio del cargo de congresista y por tal razón se encuentran cobijadas por la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria. Por su parte, el despacho debe resaltar que aunque las mencionadas declaraciones del senador Gerlein fueron altamente polémicas y controversiales, las mismas no alcanzaron a configurar una conducta homofóbica y/o discriminatoria en tanto el acusado congresista manifestó su apreciación personal sobre la práctica sexual entre parejas del mismo sexo, pero no expresó su rechazo o aversión contra quienes tuvieran tales orientaciones y mucho menos pretendió desconocer los derechos de dicha población».
Hila delgado el procurador para salirse por la tangente y defender una postura que seguramente también comparte. Este concepto no es solo injusto sino ofensivo. Salir a argumentar y a defender la inmunidad parlamentaria de un congresista que se saltó todos los cánones del debate y la argumentación para ofender a una minoría que ha sido no solo discriminada y perseguida, sino muchas veces eliminada por su condición alternativa y su opción sexual, es también sembrar odio en una Colombia golpeada por la muerte y la desolación y que está agotada de posturas extremistas y anacrónicas.
Escuché al padre Francisco de Roux argumentar que muchas de las víctimas (5,5 millones mal contadas) que tiene este país son fruto de intolerancia y odio; las pequeñas rencillas, los malos entendidos, los chismes, los rumores, porque me caes mal… terminan en muerte. Lo planteé aquí en una columna anterior: los crímenes de odio son los que se cometen debido a prejuicios de tipo étnico, religioso, xenófobo o de orientación sexual, cuyo impacto en las sociedades se evalúa por los efectos políticos y culturales que éstos producen: exclusión, estigmatización, intolerancia y en ocasiones exterminio. El «tú no tienes derecho a vivir» porque eres «desviado», porque tienes una raza diferente a la mía, porque eres feo, porque eres «anormal», porque eres gay, etc.
Sería muy elemental suponer que quienes tienen una investidura como la de Senador de la República, que representan un grupo de ciudadanas y ciudadanos, que defienden los intereses del bien común, no tendrían permitido expresarse con tantos prejuicios y tal saña para fomentar el odio, la estigmatización, la homofobia, la discriminación y la intolerancia. Por el contrario su posición exige posturas más democráticas que reconozcan la diferencia y los derechos de las llamadas minorías.
Es indignante que no se tomen medidas frente a las expresiones discriminatorias y homofóbicas del Honorable Senador de la República, Roberto Gerlein. De la mano de la inmunidad parlamentaria algunos políticos tradicionales acuden al atajo para «pasar» reformas como la de la justicia, la educación y ahora la de la salud; insultan y agreden la sensibilidad regional, las diferencias étnicas y culturales, atropellan y golpean a las mujeres, se toman unos cuantos tragos de más… ¡y la lista es larga!
Posturas retrógradas como las del procurador tienen fregado a este país: La justicia pasea, ronca y no llega; la función pública se llenó de delincuentes de cuello blanco que salen de las mejores universidades a ejercer la carrera de la corrupción; en la política cunde un pequeño «empresariado» tramposo -que olvidó que la política es el arte de trabajar para que la mayoría viva mejor- y el Congreso es una vergüenza nacional que no se ha librado de la parapolítica y los oportunistas mandaderos de los negociantes que trabajan por sus intereses y han convertido los derechos en favores y mercancías. Ese Congreso está plagado de gente que en público defiende la democracia, la libertad y los valores, pero en lo privado son pequeños tiranos capaces de golpear a niños y mujeres que viven para defender sus intereses y comen de la corrupción.
Columna para el periódico La Patria