De estudiantes a consumidores de créditos

Por momentos tengo la sensación de que lo escrito en estas columnas lo he dicho una y otra vez, por lo cual tendría que pedirles excusas a mis lectores y lectoras. Pero creo que es el reflejo de lo que vivimos en algunas ocasiones: los mismos problemas del pasado y de la historia, como si en Colombia no pasara el tiempo. O lo que es peor: corre el tiempo pero no pasan los problemas, a pesar de que muchos de ellos ya están diagnosticados en exceso y con el agravante que en este país todo es susceptible de empeorar.

La aclaración la hago para referirme, de nuevo, a la crisis de la educación en Colombia, cuyas soluciones (bien conocidas) no se han implementado principalmente por falta de voluntad política. Porque hay que decirlo: lo que falta especialmente es voluntad política y por supuesto también recursos, pero no para seguir haciendo más de lo mismo, como ha ocurrido con las últimas «ministras de la educación», un cargo en el que recientemente han brillado por su ausencia verdaderas y verdaderos servidores públicos.

Y digo «verdaderos servidores públicos» porque a veces parecieran funcionarios privados al servicio del sector financiero y de los poderosos bancos, como ha quedado demostrado en el llamado «Acuerdo por lo Superior 2034», que como he dicho en otros espacios, no es un acuerdo, ni es superior, ni es una política pública, a pesar del esfuerzo de sus autores por sorprendernos con la pantomima de la participación, pues cacarean que el texto es el producto de 155 espacios de debate, dos eventos internacionales y mil días de trabajo en 32 departamentos y 29 proyectos de investigación.

De acuerdo con los profesores Leopoldo Múnera y Andrés Felipe Mora, lo que indica el «Acuerdo por lo Superior» es que el aumento de los créditos educativos será la estrategia, si así puede llamársele a semejante trampa, para alcanzar las metas de cobertura en materia de educación. En palabras de Múnera y Mora, «la meta establecida para el número de beneficiarios con créditos del Icetex conlleva la ampliación de 1.700.000 «deudores», ya que pasa de 276.000 en 2014 a 2.000.000 en 2034. En el escenario intermedio, la totalidad de beneficiarios de crédito en pregrado y posgrado se incrementará del 13% del total de la matrícula al 64% en los mismos años (si se incluyen entre ellos estudiantes ya matriculados a 2014) o el 178% si se contabilizan como beneficiarios únicamente los estudiantes de pregrado y posgrado que ocupan los nuevos cupos creados a partir de 2014″.

En otras palabras, estamos ante el reencauche de la fallida reforma educativa que tumbamos con el movimiento estudiantil, agrupado en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), que a propósito, no fue consultada para la elaboración del documento, como tampoco lo fueron varios rectores de universidades públicas regionales, ni muchas comunidades de investigadores en educación universitaria.

Lamentablemente, si la política pública se reduce al apoyo a la demanda a través de los créditos del Icetex (olvidando además el fortalecimiento de la universidad pública), nunca tendremos un «modelo equitativo y universal», como pomposamente se anuncia en la introducción del mencionado documento.

Así lo han advertido diversos expertos, entre ellos el profesor y sociólogo Boaventura de Sousa, al concluir en uno de sus libros que «(…) Con la transformación de la universidad en un servicio al que se tiene acceso, no por vía de la ciudadanía sino por vía del consumo, y por lo tanto mediante el pago, el derecho a la educación sufrió una erosión radical. La eliminación de la gratuidad de la educación universitaria y la sustitución de becas de estudio por préstamos fueron los instrumentos de la transformación de los estudiantes, de ciudadanos a consumidores».

En conclusión, el tal «Acuerdo por lo Superior» no es otra cosa que la receta de la privatización, la cual termina por convertir a los jóvenes estudiantes en deudores del sistema financiero, obligándoles a vender su alma a los créditos educativos, con el miedo adicional al que se enfrentan de por vida con sus padres de familia: ser reportados en las centrales de riesgo por falta de pago. Por eso no queremos más estudiantes con el futuro hipotecado.

COLUMNA PARA EL PERIÓDICO LA PATRIA

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