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Crónica de una tragedia anunciada: Los decretos de emergencia social, económica y ambiental

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Aunque las lluvias que azotaron al país durante los últimos meses del año anterior parecen haber menguado, y con ellas el interés sobre el tema del fenómeno climático de “La Niña” y sus efectos, no resulta exagerado decir que después de la ola invernal, de las pérdidas de vidas, de las lesiones personales, de los daños materiales y de la destrucción de comunidades humanas que la misma produjo, ya nada será igual en Colombia. Así coinciden en señalarlo importantes analistas y funcionarios del gobierno. Así lo reflejan también el amplio número de decretos expedidos en virtud de las facultades excepcionales que frente a este tipo de situaciones le confiere al Gobierno Nacional el artículo 215 de nuestra Carta Política.

En nuestra condición de miembros del Congreso de la República, nos corresponde la importante tarea de revisar el contenido de tales decretos con el fin de introducir en ellos las modificaciones que resulten convenientes. Nos correspondió igualmente llevar a cabo el control político sobre el ejercicio de las facultades excepcionales por parte del Gobierno, y en particular sobre los fundamentos que tuvo para declarar el estado de emergencia social, económica y ambiental. En su decisión de respaldar la declaratoria de emergencia prevaleció un clima de inconveniente unanimismo-a excepción de voces autorizadas y documentadas como las del Senador Jorge Enrique Robledo- explicable tal vez por la magnitud de la destrucción causada y la solidaridad que ella reclama, pero que dejó por fuera del debate público importantes aspectos de la situación ocurrida y, más grave aún, limita la posibilidad de derivar de la experiencia vivida importantes lecciones para el futuro.

El presente documento tiene como finalidad aportar a la discusión, al interior de la bancada del Partido Verde, y del Congreso de la República, sobre la emergencia y sus desarrollos. Con tal fin, en esta primera parte se hacen algunas consideraciones sobre la magnitud de la catástrofe, sobre los retos que ella plantea, y también sobre las oportunidades que se desprenden de un evento de esta naturaleza. En un segundo apartado se aborda el análisis de la situación vivida con el propósito de responder una pregunta que tiene profundas implicaciones políticas y jurídicas: fue la catástrofe invernal una situación imprevisible de origen natural; o, por el contrario, constituye tan solo el resultado de la confluencia de diversos factores, muchos de los cuales tienen origen en acciones y omisiones humanas, incluyendo graves fallas de diseño y gestión institucional del Estado que obligan a replantearse a fondo el modelo de ocupación del territorio; de explotación económica de los recursos naturales; de protección y recuperación del medio-ambiente; de desarrollo armónico y sostenible de las comunidades humanas que constituyen el vasto caleidoscopio de la Nación colombiana, tan diversa en lo geográfico, en lo económico, en lo político, lo social y lo cultural.

El tercer y último apartado aborda el análisis más técnico, por así decirlo, de algunos de los decretos expedidos en virtud de la situación excepcional declarada. Para una mejor comprensión, los mismos se organizan alrededor de tres ejes principales: De una parte, las medidas que buscan redistribuir recursos presupuestales existentes, o arbitrar nuevos recursos con el fin de atender la catástrofe en dos etapas sucesivas, una de carácter humanitario y urgente, y otra de mediano y largo plazo y que mira a la reconstrucción de comunidades, economías y proyectos de vida. 

Un segundo eje está constituido por las normas que buscan modificar la institucionalidad existente, o crear una nueva con mejores capacidades para prevenir, y para mitigar, situaciones como la vivida durante la pasada ola invernal y que, como consecuencia de las condiciones geográficas y orográficas del país, y del cambio en la situación del clima mundial, podrían dejar de ser situaciones excepcionales para convertirse en elementos estructurales de una nueva configuración del territorio nacional. El último eje analizado está conformado por aquellas disposiciones que otorgan prioridad en asistencia social (salud, empleo y vivienda) a las víctimas de la ola invernal. 

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