Castigar, castigar y castigar

Hace muchos años me desvela la pregunta por el sentido del castigo en sociedades marcadas por la desigualdad, nuestro país resulta ser campeona en estas lides, distintas investigaciones muestran que somos el cuarto país más desigual del mundo. Comparto lo planteado por el profesor Roberto Gargarella, quien señala que cuando vivimos en sociedades altamente desiguales, corremos el riesgo que el aparato coercitivo del Estado se use «para mantener un estado de cosas injustificado que de manera sistemática beneficia a unos y perjudica a otros, en especial a aquellos que viven en condiciones de pobreza y exclusión». Por ello me resulta inadmisible que en Colombia se proponga como salida a múltiples problemas sociales, un aumento desmesurado de penas y la privación de libertad en cárceles en las cuales campea la corrupción, el delito y el inhumano hacinamiento. Esto resulta a toda luces no solo ineficiente, sino inmoral.

Muchos expertos señalan que el camino es revisar y plantear soluciones de fondo a las causas estructurales de la fragilidad social, de la falta de alternativas y de oportunidades para el grueso de la población. Ello es particularmente válido para nuestros adolescentes y jóvenes quienes viven su presente y encarnan la esperanza de un futuro que debería ser vivido en condiciones de dignidad, como lo establece nuestra Constitución. 

En julio de 2010, cuando llegué por primera vez a la Cámara de Representantes, me propuse trabajar desde una perspectiva que he denominado Pedagogía Legislativa y Política, convencida que desde el Congreso se emiten un sinnúmero de leyes, las cuales en su mayoría son poco conocidas por la ciudadanía. Contribuir a la comprensión de algunas de estas leyes, las relacionadas con el cuidado de la vida, ha sido una de las tareas a las cuales me he dedicado de manera especial. 

Sumado a lo anterior, durante este tiempo me ha llamado poderosamente la atención la tendencia a legislar desde el populismo punitivo, es decir, pretender resolver por la vía del aumento de penas y la cárcel, problemáticas estructurales como la pobreza, la exclusión, la falta de educación, la cultura de la ilegalidad. 

Durante este período legislativo se han tramitado dieciséis proyectos de ley en este sentido, en algunos de ellos se pide cárcel o aumento de penas para la discriminación racial; para los delitos contra las niñas y los niños en el marco del conflicto armado; para quienes vendan licores a menores de edad; cárcel para adolescentes en conflicto con la ley; para quienes se vean involucrados en accidentes de tránsito; para quienes hacen uso indebido de la Internet y las redes sociales; para quienes vendan, distribuyan y comercialicen licor adulterado; cárcel para el porte de armas blancas; para el porte ilegal de armas de fuego; para quienes no cumplan con sus responsabilidades de asistencia alimentaria a los adultos mayores; para quienes incurran en narcoturismo; para quienes causen sufrimiento o muerte al oso de anteojos y también para quienes causen tratos crueles y tortura a los animales. ¡Todos para la cárcel!

Como bien lo decía Rodrigo Uprimny «La violencia y la criminalidad, con altas dosis de impunidad, llevan al desespero y son terreno fértil para propuestas de endurecimiento punitivo». Crear, endurecer y pedir cárcel para solucionar nuestros múltiples problemas es atractivo y bien recibido en muchos sectores, sin embargo, comparto con la Fiscal Vivianne Morales y otros juristas, en que el camino no es «la mano dura» sino «la mano inteligente» de la justicia, es decir, una justicia eficiente, oportuna y pertinente. 

La lista de los problemas de las cárceles en nuestro país es tan larga como las iniciativas de penalización: corrupción, hacinamiento, pésimas condiciones de salubridad, mala alimentación, tráfico de armas, prostitución, etc. Además de esto, la infraestructura está en crisis: 144 cárceles en el país, albergan 93 mil reclusos. 

Frente al fracaso del sistema carcelario, no solo en Colombia sino en el mundo entero, las sociedades enfrentamos enormes retos para frenar las prácticas de injusticia penal. Quienes están tras las rejas, en muchas ocasiones, son los más excluidos. Es urgente entonces fortalecer los vínculos entre política criminal y política social. Políticas que en nuestro país han sido totalmente precarias.

Columna de opinión de Angela Robledo para el Periódico La Patria

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