¿Cárceles para adolescentes?, se pregunta Angela Robledo
Ángela Robledo, Representante a la Cámara del Partido Verde, hace un llamado a la academia, a las organizaciones sociales, a las agencias internacionales, a las organizaciones juveniles y a las instituciones encargadas de la protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en particular al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a mantenerse atentos sobre lo que está pasando en el Congreso de la República, luego que la Comisión Primera de Senado aprobara ponencia positiva al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana de iniciativa gubernamental que incluye aumento de penas y cárceles a menores de edad.
La parlamentaria aseguró que aunque el Proyecto no plantea abiertamente cárceles, si propone centros de reclusión para los jóvenes infractores, que serían administrados y financiados por el Ministerio del Interior y de Justicia. De igual manera se propone que los menores que estén privados de la libertad, reciban un trato similar al de los adultos, una vez se cumpla la mayoría de edad. El proyecto contempla ampliar los delitos que tienen pena privativa de la libertad, lo que implica que más jóvenes irán a la cárcel. En cuanto al aumento de penas formalmente no se amplía, pero queda dependiendo “del cumplimiento de los objetivos de la sentencia”, que el proyecto no establece.
Robledo advierte sobre la inconveniencia que tiene para el país aumentar las penas a jóvenes y modificar la Ley de Infancia y Adolescencia que sólo lleva tres años y que aún no se ha puesto en marcha, pues carece de recursos humanos, técnicos y sobre todo de voluntad política. “No podemos perder el trabajo de más de 15 años para tener esta Ley dirigida a cumplir una misión resocializadora y pedagógica”, dijo.
“Me he opuesto con argumentos a esta iniciativa que constituye una nueva forma de victimización de nuestro adolescentes y que, de ser aprobada, vulneraría por completo los propósitos que inspiran al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y que surgen de expresas obligaciones que el Estado colombiano tiene como signatario de múltiples instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes”.
Ángela Robledo aseguró que no se pueden desconocer las convenciones internacionales de especial protección a la infancia y las recomendaciones hechas por Naciones Unidas, la Alianza por la Niñez, Unicef y la Procuraduría General de la Nación, entre otras, sobre la urgencia de liderar y fortalecer el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente que aún no arranca.
“Es urgente implementar un sistema de justicia diferencial para los jóvenes que incluya estrategias de de la mano de políticas sociales. Es hora de reconocer que les hemos fallado a nuestros niños, niñas y adolescentes. No hemos sido capaces de proteger sus derechos, de ofrecerles acceso a una educación de calidad, con pertinencia, que los forme para convertirse en seres competentes para contribuir al bienestar de nuestra sociedad, y definir su propio proyecto de vida, de valorar, respetar y hacer respetar su cuerpo, su sexualidad, su sensibilidad y capacidad para la creación artística, para el arte, para la rebeldía transformadora”, insiste la Representante.
Estas declaraciones se realizaron en el marco del Foro Reforma del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: ¿Avance o retroceso?, convocado por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y el Observatorio de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Universidad Nacional de Colombia (Noviembre 16) y la Audiencia Informativa sobre Políticas y Problemática de las Seguridad Ciudadana en el Distrito Capital, que realizó la Personería de Bogotá (Noviembre 18).