Angela Robledo logra mantener ingresos de universidades públicas

La Representante a la Cámara del Partido Verde, Ángela Robledo,  logró eliminar  del Artículo 105 del Proyecto de Ley 174 de 2010 de Cámara (Estatuto Anticorrupción) la prohibición de que las universidades públicas pudieran hacer consultorías vía acuerdos inter-administrativos.

La parlamentaria presentó una proposición dirigida a, eliminar el término “consultoría” del mencionado artículo. De esta manera este tipo de acuerdos quedan liberados dentro de aquellos contratos que no puedan hacer las universidades públicas.

De acuerdo con el Rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, la mitad de los ingresos de la Universidad Nacional son percibidos por recursos propios y de esos al menos un 60% es por consultorías, es decir, uno de cada tres pesos que llegan a las universidades públicas provienen de las consultorías. De acuerdo con Wasserman, ¨Si se le quitan estos recursos a las universidades, el déficit de éstas incrementa de manera dramática¨.

La medida fue contemplada inicialmente debido a la fallas que se han presentado en el manejo de esos recursos, por parte de algunos instituciones de educación superior, sin embargo, para las universidades públicas estos recursos equivalen al 30 por ciento de sus ingresos.

«Hay que regular a las universidades que incurren en atajos: sancionarlas legalmente,  hacerles control social y exigirles rendición de cuentas, pero no por esto hay que sacrificar las mejores universidades públicas del país. Se quería que pagaran justos por pecadores», aseguró la Representante Angela Robledo.

La iniciativa de la parlamentaria verde fue respaldada por parlamentarios de otros partidos, German Navas (PDA), Germán Barón Cotrino (Cambio Radical), Juan Valdés (ASI), Augusto Posada (Partido de la U), José Walter Lenis y el Representante Mejía  del Partido liberal.

Angela Robledo aseguró que se trató de un ejercicio deliberativo, argumentativo y técnico, que cada vez es más frecuente en el Congreso. 

El proyecto entra a trámite de sanción presidencial y luego a la revisión de la Corte Constitucional.

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