Angela Robledo exige un responsable para el “inoperante” sistema de justicia juvenil

Bogotá, julio 16 de 2014

La representante a la Cámara, Ángela Robledo quien ha venido insistiendo en la garantía de derechos para los jóvenes en conflicto con la ley y que permanentemente ha puesto en la agenda pública la problemática de los “chicos malos”, sigue insistiendo en la inoperancia del sistema y la necesidad de un ente que lo dirija y pueda responder ante los compromisos de la Ley de Infancia y Adolescencia, 1098 de 2006, y las normas internacionales que protegen a los menores de edad. 

Ángela Robledo señaló hoy en audiencia pública que urge además de un ente rector del Sistema, una misión de expertos y expertas que pueda determinar con claridad la situación real de niños, niñas y jóvenes en Colombia y que aporte perspectivas y plantee alternativas frente a las múltiples problemáticas que afrontan en los territorios. “Necesitamos que la niñez se ponga al centro de las prioridades del país para el postconflicto, que se propongan nuevas políticas e instituciones acordes con sus necesidades y demandas y reestructurar el ICBF”, anotó la congresista. 

La congresista Ángela Robledo puntualizó que los jóvenes necesitan más justicia social y menos justicia penal. “Los jóvenes en conflicto con la ley están hoy en peores condiciones que parapolíticos o paramilitares en la cárcel”.

En Colombia los jóvenes entre 14 y 18 años que cometen delitos son responsables penalmente y tienen un sistema de justicia diferencial (amparado en Ley de Infancia y Adolescencia) cuyo énfasis está en el restablecimiento de sus derechos. Es decir, un muchacho que comete un delito entra al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), en un proceso especial para investigarlo, juzgarlo y sancionarlo con unas características especiales. El Estado tiene la obligación de protegerlo, rehabilitarlo y resocializarlo, mediante un modelo pedagógico que debe asumir la garantía de todos sus derechos en corresponsabilidad con la sociedad y las familias, para que el joven pueda rehacer su proyecto de vida y reintegrarse a la sociedad. 

Sin embargo, esta justicia diferencial es sólo para el papel. Hoy cinco años después, las dificultades del Sistema persisten hasta constituirse en graves hechos violatorios a los derechos humanos de los jóvenes en conflicto con la ley, evidenciadas en múltiples irregularidades y deficiencias: persiste la ausencia de un ente responsable, desarticulación, falta presupuesto, infraestructura, capacitación de los funcionarios y un sistema de información y seguimiento, entre otras.

Alrededor de 160 mil jóvenes en conflicto con la ley padecen todos los días la flagrante violación no sólo a los mandatos de la Ley de Infancia y Adolescencia, sino a sus derechos humanos fundamentales, debido a los problemas estructurales del Sistema que se pueden evidenciar en casos que la representante Ángela Robledo ha documentando y que tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría han venido señalando:
  • 80 jóvenes estuvieron cerca de tres meses en las escaleras del Centro de Servicios Jurídicos Especializados para Adolescentes (CESPA) en Bogotá, en donde permanecían durante el día y dormían en la noche con una cobija sucia. Tenían que turnarse para ir al baño y para ducharse. Algunos presentaban signos de gripa y fiebre. (abril 21 de 2014). 

 

  • 18 jóvenes estuvieron durante tres años encerrados bajo llave en dos celdas sin ventilación, ni luz, ni actividades físicas en el Centro Transitorio de Soacha (Cundinamarca). “(…) hay dos habitaciones (…) que no cuentan con baño, en reemplazo usan un balde como orinal (…)”. (Visita con Personería de Soacha, mayo 23 de 2014). 

 

 
 
 
 
  • 32 jóvenes permanecieron encarcelados en el Centro de Atención Especializado de Zaragoza, en Soacha, contraviniendo todas las normas. Tres jóvenes han sido asesidanos en Zaragoza en los últimos dos años. (Visita con Personería de Soacha, mayo 28 de 2014).

 

 
  • Los centros de Villavicencio e Ibagué se encuentran en pésimas condiciones; en Valle del Lili (Cali) el hacinamiento está en más del doble. Allí tres jóvenes murieron y tres quedaron lesionados en abril de 2013; el CESPA de Bucaramanga (Santader) fue objeto de una acción de tutela por violar los derechos fundamentales de los adolescentes; en Medellín, como en otras ciudades del país, los jóvenes pierden todo contacto con sus familias. (Informe Defensorial. Mayo de 2014). 
Las múltiples denuncias hablan de muerte, homocidio, suicidio, hacinamiento, hambre, frío, enfermedades, abuso y violencia sexual, amotinamiento, consumo de sustancias psicoaptivas, maltrato, tratos crueles e inhumanos, ausencia de programas de resocialización, entre mucho otros. 

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2013) la violación de los derechos humanos y las “terribles condiciones a las que son sometidos las y los adolescentes en conflicto con la ley penal, principalmente quienes se encuentran sometidos a situaciones infrahumanas de privación de libertad”, es generalizado en el país. 

¿Tienen los jóvenes en Colombia la vida como castigo? La congresista Ángela Robledo opina que sí: “La mayoría de estos muchachos son de estratos 1 y 2, con difíciles circunstancias familiares de pobreza, abandono, abuso, violencia y desprotección. La mayoría sobrevive en condiciones de pobreza, en contextos de inseguridad económica, en viviendas inadecuadas, sin tiempo libre, sin educación, sin oportunidades, sin empleo y sin proyectos de vida claros”.

Así también lo muestran las cifras oficiales: En el país 1 de cada 3 adolescentes viven en pobreza multidimensional. 1 de 4 tiene más de 4 privaciones medidas por el índice de pobreza multidimensional. (Sandra García, 2014, p. 42). La pobreza incide más en hogares que tienen como jefe de hogar un joven o una joven menor de 25 años -13%-, la situación se agrava en el campo -22%- (DANE: GEIH 2011); uno de cada cinco adolescentes y jóvenes entre 14 y 26 años están desempleados -20%-; 1.6 millones de niños, niñas y jóvenes están fuera del sistema educativo (CIVIS); uno de cada tres estudiantes de noveno grado deserta de la escuela (DANE 2012) y 15% de los homicidios en Colombia los sufren adolescentes y jóvenes menores de 19 años; y las cifras continúan. 

Al debate asistieron directivas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Justicia y del Derecho, Fiscalía General de la Nación, Planeación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Consejo Superior de la Judicatura. 

PRENSA: 3202343806 / MARGARITA SARMIENTO

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