Una agenda social para la Paz

El tema de la seguridad y la gobernabilidad en amplias regiones de Colombia llegó a la primera plana en los medios de comunicación, de la mano del paro armado decretado por los «Urabeños». Este hecho ha puesto de presente la realidad estructural que viven amplias regiones del territorio nacional en donde además de ser muy débil la presencia institucional del Estado, alianzas entre paramilitares, empresarios, políticos y en ocasiones miembros de las Fuerzas Armadas, han querido sustituir sus funciones y hacer reinar la ilegalidad en estos lugares. De manera errónea, se ha querido suplir esta ausencia de Estado con el despliegue masivo de tropas, que en ocasiones se comportan como un verdadero ejército de ocupación. Me pregunto ¿cuándo, y de la mano de quién llegarán a estas regiones apartadas de nuestra geografía las instituciones de atención a la salud y la educación de la población, las de servicios públicos esenciales, las de la protección de la niñez, la familia y la tercera edad? ¿Cuándo se harán realidad las obras de infraestructura que conecten gentes y mercados a lo largo y ancho de Colombia? ¿Cuándo se garantizarán plenamente a todas las colombianas y colombianos el derecho a la vida, a la integridad y libertad personales, a los Derechos Humanos?

Y mis preguntas continúan ¿y cuál es el Estado que habrá de asumir el enorme reto de mediar en los conflictos a que da origen la explotación de los recursos minerales, forestales, paisajísticos, entre otros que existen en abundancia en las zonas bajo el control de facto de las hoy llamadas «bacrim»?

Lamentablemente la cultura política en Colombia propicia que el debate sobre los grandes problemas de la sociedad, incluidos los del desempleo, la pobreza, la miseria y la exclusión social, la violencia intrafamiliar, la degradación medioambiental, etc. no se debatan con fuerza sino al ritmo de los calendarios electorales. Ya hace décadas que los partidos tradicionales perdieron su identidad ideológica, aplastada por la «lógica» de la transacción burocrática y el cogobierno sin responsabilidades claras. Considero que los partidos alternativos tenemos el deber y la oportunidad de contribuir a la búsqueda de soluciones a tan graves problemas de la mano de organizaciones y los movimientos sociales, quienes con su compromiso indeclinable con los principios de equidad, transparencia y ética pública, contribuyen a hacer realidad el Estado Social de Derecho en Colombia. 

Para fortuna de todos y todas, los pronunciamientos hechos tanto por el Gobierno como por la comandancia de un importante sector de la insurgencia hacen albergar esperanzas de que algún día podamos los colombianos y colombianas vivir en un país en paz. La paz en Colombia es posible. La paz en Colombia es urgente. Pero la paz requiere, para que sea verdadera y durable, ir más allá de unos acuerdos entre el Estado y los grupos armados ilegales. La paz exige que haya conocimiento sobre las responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad. Exige un compromiso indeclinable con las víctimas, con el restablecimiento pleno de sus derechos. La paz requiere de garantías de no repetición, lo cual solo será realidad si se enfrenta con decisión todas las formas de violencia en Colombia, en especial todas las formas de violencia armada.

La paz en Colombia no puede ser entendida como ausencia de conflictos. En una sociedad plural habrá siempre conflictos en torno al acceso, uso y preservación de los recursos; a la expresión de las identidades; a los valores de las distintas culturas; a los distintos caminos para alcanzar la paz. La construcción de esa sociedad democrática pasa no solo por el respeto a las reglas de juego electoral, sino que conlleva la puesta en ejecución de una profunda agenda social que saque de la pobreza y la miseria a miles de familias y poblaciones que han vivido en la exclusión de generación en generación. Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del planeta, nuestras deudas con los más pobres y desposeídos de sus tierras, sus herramientas de trabajo, sus territorios ancestrales son enormes. Desarrollar una agenda social para la paz de manera corresponsable con las y los actuales gobernantes, los partidos políticos, los movimientos sociales, es una tarea que no da más espera.

Columna de opinión para el periódico La Patria