Texto de la intervención de Angela Robledo en el Encuentro Nacional de Paz en Barrancabermeja
Nota: Por razones de agenda, la Representante Angela Robledo no alcanzó a presentar su ponencia durante el Encuentro Nacional de Paz, realizado en agosto del 2011 en Barrancabermeja.
El cuerpo de las mujeres en el conflicto armado: ¡un territorio de guerra! H.R. Ángela María Robledo G.
Introducción Algo grave está pasando en nuestra sociedad cuando hemos permanecido tantos años con los ojos y los oídos cerrados al sufrimiento de las víctimas de esta prolongada violencia, y en particular a esta forma tan extendida de violencia sexual contra las mujeres, ésta que convierte al cuerpo de las mujeres en territorios de guerra.
Existen testimonios, nunca los suficientes pues el miedo evita que se haga pública esta tragedia que viven las mujeres. Las víctimas del conflicto armado en Colombia denuncian, narran, señalan las complicidades de las instituciones, los fines macabros de la guerra, pero también hacen visibles los espacios para la resistencia, para el “agenciamiento” de la dignidad. Los testimonios nos muestran que las víctimas si bien están “sujetas al dolor”, también son en muchos casos, en especial cuando se trata de mujeres, “agentes de dignidad”, conceptos que sirven de título al magnífico libro que recoge importantes aportes de la Profesora Veena Das.
La presente ponencia costará de tres temas que sirven de “contexto” a la gravísima situación sobre la cual recae la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado:
1.Breve descripción crítica de la realidad que vivimos las mujeres en Colombia y que se traduce en una situación estructural y sistemática de inequidad, de vulneración de nuestros derechos.
2.Se analizará la forma en que la guerra y sus lógicas de destrucción han producido en Colombia, y en otros lugares del mundo que han vivido conflictos similares al nuestro, situaciones como las que hoy consideramos.
3.Finalmente se mencionaran breves consideraciones sobre el impacto que los actos de violencia sexual producen no sólo en las víctimas directas de los mismos, sino en las comunidades de las cuales ellas hacen parte. De esta manera podremos vislumbrar el alcance de los retos que plantea la justicia restaurativa en relación con las víctimas de estos hechos que vulneran los DD.HH. y que constituyen verdaderos crímenes de guerra.
1.La situación de las mujeres en Colombia
Vivimos en una sociedad patriarcal, machista. Este es el resultado de nuestro proceso histórico en donde confluyen la tradición hispana y católica que se superpuso de manera violenta, avasalladora, depredadora a unas formas de organización propias de las comunidades indígenas, y de los grupos de población negros arrancados por la fuerza de su propio ámbito geográfico y cultural, y traídos a nuestras tierras como simples objetos. El patriarcalismo, y sus efectos, permanecen ocultos bajo el velo de una realidad que se valora como “natural”.
Para fortuna de hombres y mujeres en Colombia y en el mundo, en los últimos años se ha producido entre nosotros una verdadera revolución silenciosa que ha permitido ir avanzando en el proceso de promoción de la igualdad entre los géneros, partiendo del reconocimiento y valoración de las diferencias entre los mismos. La lucha de muchas mujeres, y de algunos hombres, ha hecho posible reconocer la existencia de un estado de cosas inaceptable. Las asimetrías entre hombres y mujeres, como lo muestra los datos del DANE y del observatorio laboral del MEN, se dan en diversos ámbitos sociales: nivel de desempleo, nivel de ingresos, nivel de participación política, roles al interior de cada hogar, por mencionar sólo alguno de los ámbitos de las prácticas sociales inequitativas.
Este estado de cosas, injusto e inaceptable, es el que hace posible que exista entre nosotros un nivel tan alto de violencia contra las mujeres. Mencionamos sólo algunos datos:
•Una mujer es asesinada cada tres días
•Cada hora dos mujeres son violadas
•Cada hora por lo menos 6 mujeres reciben maltrato de su pareja
• Cada hora por lo menos 8 mujeres están siendo golpeadas
•La información disponible para el año 2008 señala que de las 149.417 mujeres desplazadas alrededor de 24.000 fueron víctimas de violencia sexual (como mínimo 16% de las mujeres desplazadas han sido víctimas de violencia sexual).
•Del 100% de casos de violencia entre pareja, el 89% de los casos de violencia entre pareja es hacía es hacía mujeres. Una de cada tres mujeres (39%) ha sido agredida físicamente por su pareja o ex pareja
•El 76% de las mujeres víctimas de violencia física no asistieron a ninguna institución a denunciar el maltrato del que fueron objeto
•6% de las mujeres reportó haber sido forzadas a tener relaciones sexuales
•El 66% de las mujeres afirman que sus esposos o compañeros ejercían situaciones de control sobre ellas.
•En 2008 hubo 54.192 casos de mujeres víctimas de maltrato por su pareja, 4.516 mujeres víctimas al mes, es decir 148 al día. Hubo 17.935 casos de violencia sexual contra mujeres, es decir, 1495 al mes, 49 al día.
•El mayor riesgo de las mujeres víctimas de violencia sexual se dan entre las adolescentes: el 39,4% de las víctimas de violencia sexual reportadas se encontraban entre los 10 y 14 años de edad.
Frente a la realidad descrita, no podemos menos que concluir que la situación de violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual, proviene de una cultura patriarcal y machista en la cual las relaciones de género son de tipo autoritario, con una férrea división sexual del trabajo entre hombres y mujeres que ha perdurado con nuevas expresiones y que ha sostenido la subordinación de la mujer en los campos público y privado. Esta situación de inequidad está fuertemente entrelazada con expresiones culturales y simbólicas, donde el control y posesión del cuerpo femenino ha hecho parte de ella. Estos patrones sociales están acompañados de “representaciones devaluadas de la feminidad” que, como nos recuerda la Profesora María Emma Wills, justifican y reproducen la subordinación femenina hasta con el uso de la fuerza.
2.El impacto de la guerra en la situación de las mujeres
La situación de vulnerabilidad de las mujeres se acentúa como consecuencia de un conflicto armado que con sus lógicas de dominio territorial por parte de los actores armados ilegales; con sus estrategias de terror como mecanismo de control de la población civil, y con una estrategia de seguridad excesivamente centrada en el fortalecimiento de la capacidad y presencia militar del Estado en las zonas con fuerte presencia de actores armados tanto de la insurgencia como de la contrainsurgencia, debilitan las redes de apoyo que sirven como barrera de protección y promoción de sus derechos.
En el curso de las muchas décadas del conflicto armado que vive nuestro país, todos los grupos armados por fuera de la ley, tanto paramilitares como la guerrilla, y en muchas ocasiones (la mayoría) las Fuerzas Militares del Estado, han abusado y explotado sexualmente a miles de mujeres, especialmente mujeres de distintas comunidades donde el conflicto armado se ha dado con mayor intensidad.
Estas violaciones contra las mujeres hacen parte y están vinculadas con los fenómenos de desplazamiento forzado, de desapariciones forzosas y de la amplia violación de los Derechos Humanos. Las cifras en cualquiera de los casos son escalofriantes. Si consideramos el tema de los desaparecidos, el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Ministro del Interior presentaron en julio de 2011 un informe en el cual reporta la identidad de cerca de 10 mil personas, entre más de 22 mil que se encontraban sepultadas como desconocidas, y que a su vez hacen parte de los cerca de 58 mil seres humanos reportados como desaparecidos en el país. Por su parte, el drama y el delito del desplazamiento forzado que supera los tres millones y medio de personas, cuyas víctimas se concentra en un 75% en mujeres, niñas y niños.
La violencia contra las mujeres no constituye un fenómeno aislado o eventual dentro del conflicto interno armado. Muy por el contrario, se trata de un fenómeno extendido y sistemático que aparece de manera constante durante toda la historia reciente del país.
La violación y la violencia sexual sistemática contra las mujeres se han constituido en una táctica explícita de guerra dentro del conflicto armado colombiano, al igual que en otros conflictos en el mundo. Como táctica explícita de guerra ha sido en ocasiones una forma de “calmar” a las tropas, de “premiarlas”; pero también una forma de humillar al enemigo, de ver a sus mujeres como botín de guerra.
La violencia sexual contra la mujer ha sido una constante y es una de las características más indignantes del conflicto armado. Así se corrobora en los estudios de la investigadora Meertens, quien analiza la situación de las mujeres durante el período de la Violencia liberal-conservadora y señala:
“Las mujeres de esa época se contaban entre las víctimas de los actos violentos a causa de su condición de género, es decir, en su condición de hijas y esposas del enemigo, y, sobre todo, de su condición de procreadoras de una futura generación que pertenecía al bando opuesto…”
Y continúa especificando que:
“Las torturas más comunes eran amarrar a las víctimas con los brazos por detrás y violar a las mujeres de la casa delante de los hombres (…) El útero se vio afectado por un corte que se practicaba con las mujeres embarazadas, por medio del cual se les extraía el feto y se localizaba por fuera, sobre el vientre de la madre”
¿Cuánto dolor y cuanto sufrimiento nos hubiéramos ahorrado los colombianos y las colombianas si hubiéramos exigido que los instigadores, financiadores, promotores y beneficiarios de la violencia que caracterizó esta etapa aciaga de nuestra historia reciente que asumieran la responsabilidad histórica que les corresponde, y si hubiéramos asumido la responsabilidad ética y política de reconocer y reparar a las víctimas?
Pero sabemos que otra ha sido nuestra historia, marcada por la guerra que se acentúa o aminora, pero que no cesa aún. Es necesario exigir una salida pronta a este prolongado conflicto. No es posible permitir que se siga extendiendo con su estela de dolor, de sufrimiento.
Y es que la guerra entendida como esa “…forma determinada de regular los conflictos, caracterizada por hacerlo mediante el uso de la violencia a gran escala” (Unesco 1998), es un fenómeno propicio para exacerbar la violencia contra grupos específicos de población caracterizados por pertenecer a los niveles de mayor exclusión por razones de clase, raza o género. Miles de mujeres campesinas, indígenas o negras, en Colombia, han sido las principales víctimas de la violencia sexual.
Y aunque los actores armados ilegales han sido en buena medida los responsables de esta práctica abominable, también los agentes del Estado han incurrido en actos de violación sexual de mujeres. El Informe de Amnistía Internacional “Colombia cuerpos marcados, crímenes silenciados – Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado” del 2004, señalaba que con la arremetida de la Seguridad Democrática, la población civil quedó más vulnerable y expuesta a las violaciones de derechos humanos por la presión y la represión de uno y otro bando. En medio de la guerra, la población civil no sólo termina atrapada entre el fuego cruzado de los armados, sino que además se convierte en blanco de sus ataques especialmente las comunidades en situación de mayor riesgo, como se ha evidenciado con las mujeres campesinas del Salado, las mujeres indígenas del Cauca o del Putumayo, las mujeres afro descendientes del Chocó, las mujeres del nordeste y sureste antiqueño y las mujeres ubicadas en los barrios de la periferia de las ciudades.
La militarización del territorio que ha sido un componente central de la política de seguridad de los últimos años no ha sido garantía de los derechos de la población civil y mucho menos de los derechos de las mujeres.
Con frecuencia escuchamos y leemos razonamientos que buscan justificar el exceso en el uso de la fuerza como mecanismo necesario para imponer el poder del Estado sobre la población y el territorio. Es la lógica perversa de que “el fin justifica los medios”. Frente a esta tentación, quizás resulten útiles las palabras del pensador Zigmut Bauman, quien nos recuerda que para ganar una guerra, por justificada que parezca, “el precio no puede ser nunca la humillación o la negación de la dignidad humana. No se trata tan solo que la vida digna y el respeto debido a la dignidad de cada ser humano se combinan para constituir un valor supremo que no puede ser superado ni compensado por cualquier volumen ni cantidad de otros valores, sino que todos los otros valores solamente son valores en cuanto sirven a la dignidad humana y promueven su causa”.
Todos estos graves crímenes en la historia reciente del país siguen ocultos, siguen silenciados, siguen invisibilizados bajo el manto de la discriminación y la impunidad.
Por eso nos preguntamos ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Cuál es el cumplimiento del Estado frente a las normas nacionales y los compromisos internacionales sobre protección a las mujeres víctimas de este crimen de lesa humanidad?
3.El impacto de la violencia sexual sobre sus víctimas directas y sobre las comunidades a que ellas pertenecen
Ignacio Martin Baro, psicólogo español, quien a raíz de la guerra que se desencadenó en su país, y ante la barbarie de los hechos que tuvo que vivir, profundizó en el análisis sobre el impacto que aquélla ocasiona en la salud mental de las personas y grupos, señala que la guerra produce una “deshumanización de las relaciones sociales más fundamentales”, “que niega al otro violentamente como tal”, no solo entre los combatientes y víctimas directas, sino que afecta las relaciones de todos los individuos y a la colectividad en general.
Dentro de sus estudios Martín-Baró, uno de los mártires de la masacre cometida por miembros de la Fuerza Armada en contra de un grupo de Profesores Jesuitas de la Universidad Centroamericana, define el trauma psicosocial como “…aquellos problemas psíquicos originados por el impacto que una determinada experiencia o vivencia tiene en una persona… Se asume que se trata de una experiencia brusca, que por lo general se presenta de forma imprevista, y que, en todo caso, tiene un carácter patógeno, es decir generador de un daño psíquico”, así “la persona empieza a padecer trastornos en su funcionamiento normal, en su pensamiento o en sus sentimientos, en su conducta o en sus capacidades” (Martín-Baro p. 234).
Ante una situación como la descrita, Martín-Baro señala que: “El espectáculo de violaciones o torturas, de asesinatos o ejecuciones masivas, de bombardeos y arrasamiento de poblados enteros es casi por necesidad traumatizante”…. “reaccionar ante estos hechos con angustia incontenible con alguna forma de autismos tiene que ser considerado como una reacción normal ante circunstancias anormales, quizá como el “último camino que le queda a la persona para aferrarse a la vida y soportar un nudo de relaciones sociales tan asfixiante” (Martín-Baro, 34)
Ahora bien, en lo que atañe a su salud reproductiva, las mujeres que han sufrido abusos sexuales corren el riesgo de mayores embarazos involuntarios, problemas ginecológicos y graves problemas en el ejercicio de la sexualidad, consecuencia directa del menoscabo de su confianza. Además de las lesiones físicas el abuso conlleva el riesgo de un embarazo o el contagio de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH Sida, como ya se ha señalado. Las consecuencias traumáticas suelen acompañar a las víctimas durante largos periodos o durante toda la vida, si no reciben asistencia especializada.
También sufren graves daños emocionales, tales como sentimientos de vergüenza, culpa, impotencia, frustración, rabia que interfieren con su vida cotidiana, transformando y deteriorando sus relaciones familiares y con otras personas de su red social. Se puede prolongar ese sufrimiento emocional por muchos años, de no contar con formas adecuadas para elaborar la experiencia traumática.
La violencia contra las mujeres, incluyendo la violación sexual, sigue siendo una de las más perversas manifestaciones de la discriminación de género en el siglo XXI. Afirma Ban Ki Moon, Secretario General de Naciones Unidas (2008) “La violencia contra la mujer y la niña deja su abominable impronta en todos los continentes, países y culturas. Ha llegado el momento de que nos centremos en las medidas concretas que todos nosotros podemos y debemos tomar para prevenir y erradicar este flagelo”.
Esta grave situación se agudiza cuando muchas mujeres no buscan el resarcimiento, porque se sienten intimidadas por ciertas conductas culturales como la hostilidad de los maridos, de las familias, de las comunidades y hasta de la misma Policía. O cuando las mujeres que se atreven a denunciarlo se enfrentan a un sistema que tolera la violencia contra las mujeres o protege a los autores, como en muchas zonas de nuestro país, o cuando se refuerzan con ideas arraigadas en nuestra cultura que niegan la autonomía de las mujeres sobre la sexualidad y la reproducción, que siguen arraigadas y que vinculan el honor a la sexualidad.
Los efectos de la guerra producen traumas culturales y psicosociales que nos sirven para afirmar la dimensión colectiva de vivencias, de experiencias particularmente dolorosas, amenazantes y desconcertantes. Los traumas no son solo la suma de heridas, de dolores, de sufrimientos, son mucho más que esto. Los traumas afectan una colectividad, un “ethos” o cultura grupal. Podríamos decir con Martín Baró y Veena Das, entre otros, que los traumas psicosociales y culturales trastornan las redes simbólicas (aquellas especialmente asociadas con la ley, el colectivo y la espiritualidad) y las redes imaginarias (autoridad, nación, religión) que le dan soporte a la vida social. Toda esta situación conduce a lo que el investigador Daniel Pécaut describe como las huellas del conflicto armado interno colombiano, en las víctimas que lo han sufrido de manera directa: la desterritorialización, la desubjetivación y la destemporalización.
Frente a este grave estado de cosas, constituye un imperativo para el Estado cumplir con las obligaciones y garantizar las alternativas que contribuyan a reparar los impactos negativos en la vida de las víctimas, sus familias y las comunidades, para que se posibilite la reconstrucción de los proyectos de vida y el restablecimiento de la confianza perdida en sí mismas, además de la pérdida de confianza en las instituciones del Estado. Así lo señala Francisco de Roux, quien trabajó cerca de 13 años en la región del Magdalena Medio, uno de los epicentros del conflicto armado: una de las formas como se impone la narrativa de la guerra en las víctimas es aquella que se pregunta por qué les paso lo que les paso. “Toda la presión los lleva a sentirse culpables: por algo los mataron, en algo tenían que estar metidos si a sus familiares tuvieron que desbaratarlos (…)”. Estas consideraciones son particularmente válidas en el caso de las mujeres, donde tenemos una sociedad que nos representa como las seductoras, las provocadoras, las cómplices…
Los procesos de verdad, justicia y reparación representan una oportunidad para muchas mujeres para transformar las relaciones de dominación a las que los hombres, sus esposos, compañeros, hijos, guerreros la han sometido. Necesitamos pasar de relaciones de dominación a relaciones de poder.
Lamentablemente, hasta el día de hoy no se han registrado avances importantes en este tema de la reparación de las víctimas del conflicto interno armado. Amnistía Internacional, en su informe de 2004 y en los sucesivos, señala el permanente silencio del Estado y la falta de una adecuada acción de las autoridades, que lleva a la denegación de la justicia que impide sancionar a los responsables, lo cual se convierte en un mensaje de tolerancia y fomento a la comisión de nuevos delitos. Además no permite la reparación de las víctimas que no ven resarcidos los daños que le ocasionaron, para que recuperen, al menos parcialmente, la confianza entre sus congéneres.
El informe Anual 2011 de Amnistía Internacional del pasado 13 de mayo sigue insistiendo, en lo que el gobierno ya sabe y conoce, que en los enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas gubernamentales se sigue atacando a la población civil. Señala el informe que “las partes en conflicto no distinguen entre civiles y combatientes, lo que provocó desplazamientos forzados, homicidios ilegítimos, secuestros y desapariciones forzadas. Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, así como sus dirigentes, continuaron siendo blanco directo de las partes en conflicto. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en 2010 murieron de forma violenta al menos 122 indígenas.”
Esta situación subsiste a pesar de la existencia de múltiples instrumentos jurídicos internacionales, como la Convención de los Derechos Humanos de Viena de 1993; la Convención para la Eliminación de todas las formas de Violencia contra la Mujer de 1982; el Protocolo Adicional II de la Convención de Ginebra de 1994, y la Convención de Belén do Para (ratificada por Colombia en 1996), y luego con los fallos de los Tribunales de Ruanda y Yugoslavia (2001), que condenaron a los Estados por las violaciones masivas que allí se presentaron para degradar, doblegar y acabar con un grupo, se incluyeron los crímenes sexuales explícitamente como crímenes de lesa humanidad.
Después de 3 años de emitido el Auto 092, la Mesa de seguimiento constata la persistencia de patrones de impunidad en las investigaciones sobre violencia sexual, así como la presencia de barreras que dificultan el acceso a las víctimas a la justicia e impiden el avance de las investigaciones. Obligaciones que recaen en la Fiscalía, en particular sobre los 183 casos que fueron entregados por la Corte Constitucional en el anexo reservado y otros casos más.
La Fiscalía General de la Nación debe aplicar los estándares de garantía y protección sobre violencia sexual contra mujeres y superar las barreras para que las víctimas puedan acceder a la protección de sus derechos e intervenga de manera activa en la exigencia de los derechos de las mujeres.
Estándares de garantía y protección sobre violencia sexual contra las mujeres.-
“El Sistema de las Naciones Unidas ha caracterizado la violencia contra la mujer, incluyendo la violencia sexual, como un forma de discriminación basada en el sexo.”
A que tienen derecho las mujeres víctimas
Las mujeres víctimas que sobreviven a estos crímenes en Colombia, tienen derecho a una serie de servicios considerados como imprescindibles y que deben ser provistos de manera gratuita:
•Asistencia médica inmediata para la atención de las heridas y lesiones
•Seguimiento médico para la atención de las consecuencias clínicas del acto violento
•Provisión inmediata de anticoncepción de emergencia y tratamiento profiláctico para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual
•Atención psicológica inmediata e intervención de crisis para la víctima y su familia
•Apoyo psicológico especializado para abordar el trauma
•Asistencia médico – legal
•Asistencia psicosocial
•Y medidas de protección para poner a la víctima a salvo de los agresores
Obligaciones del Estado en la investigación, juzgamiento y sanción de hechos de violencia sexual
•La investigación debe ser conducida en un plazo razonable
•La realización de exámenes médico – legales debe ceñirse a estándares internacionales.
•Durante la práctica de pruebas debe evitarse “la revictimización”
•Debe considerar el conjunto de evidencias y el contexto en el que ocurre la violencia sexual.
•Prohibición de inferir el consentimiento de una víctima en casos de coerción
•Prohibición de usar pruebas relacionadas con el comportamiento sexual de la víctima en el proceso judicial
•Prohibición de adelantar investigaciones sobre violencia sexual en la jurisdicción penal militar.
•Prohibición a los funcionarios judiciales de efectuar prácticas discriminatorias
•Deber de adoptar medidas de protección para garantizar la seguridad
•Deber de asistencia en salud física y mental con enfoque psicosocial para el acceso a la justicia
•Obligación del Estado de reparar a las víctimas de violencia sexual
•Obligación del Estado en relación con sectores de población en condiciones de vulnerabilidad
Resultados al seguimiento del auto 092
La Comisión reconoce que:
•Persisten barreras de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual, traducidas en falta de garantías para denunciar e impunidad en los casos de violencia sexual remitidos en el Auto 092 (183 casos y otros, anexo reservado)
En el Sistema de Justicia se siguen presentando los siguientes obstáculos:
•Ausencia de un registro eficiente y confiable de casos de violencia sexual en el conflicto armado.
•Atención excesiva de la prueba testimonial y en la evidencia física por parte de los funcionarios encargados de impulsar las investigaciones.
•Patrones discriminatorios y estereotipos de género en los administradores de justicia.
•Ausencia de reparación efectiva a las víctimas de violencia sexual
•Ausencia de un enfoque diferencial frente a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad
Obstáculos relacionados con la ausencia de medidas de protección y de atención en salud.
•Ausencia de medidas de protección efectivas.
•Ausencia de asistencia en salud física y mental con enfoque psicosocial
Los informes nacionales dan cuenta del incumplimiento de las obligaciones del Estado en este campo. La Defensoría del Pueblo y en especial la Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer, en el Informe “Promoción y Monitoreo de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Mujeres Víctimas de Desplazamiento Forzado con énfasis en violencias Intrafamiliar y Sexual” concluye que “el Estado Colombiano no ha logrado garantizar el acompañamiento a la denuncia y la protección de la víctimas de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en el marco del conflicto armado interno, razón por la cual existe un amplio espacio de impunidad que agrava aún más la situación de esta población, lo que contribuye adicionalmente a la discriminación de las mujeres en Colombia” (p. 227).
La recientemente aprobada “ley de víctimas”, como es conocida , constituye sin duda una nueva oportunidad para comenzar a pagar esta deuda histórica que la sociedad colombiana toda tiene en relación con las víctimas de las masivas violaciones de los DD.HH. que han tenido lugar durante décadas de conflicto, y en particular con las mujeres y niñas que han sido víctimas de violaciones sexuales. Pero los colombianos y colombianas sabemos por experiencia que no basta con la simple aprobación de una Ley, por importante que sea, para lograr trasformar una situación que se juzga como inaceptable. Debemos permanecer atentos y atentas para exigir del gobierno nacional la voluntad política, el compromiso y el liderazgo en el cumplimiento de los preceptos de la Ley, y en particular de aquellos que buscan darle al tema de la reparación un enfoque diferenciado de género que haga justicia a la especial situación de vulnerabilidad y de vulneración de derechos de las mujeres como aquella que constituye el objeto del presente debate.
Tengamos sí la entera seguridad de que las mujeres colombianas que han dado muestras reiteradas de una enorme capacidad de resistencia, de organización y de solidaridad, sabrán sobreponerse al dolor que ha traído tanto daño infligido sobre sus cuerpos; y que sabrán, con el acompañamiento de la sociedad entera, abrir nuevos caminos de esperanza para nuestras comunidades.