Representante Angela Robledo pide a la Fiscal garantizar derechos de jóvenes en conflicto con la ley

En carta enviada a la Fiscal General de la Nación, Ángela Robledo, Representante a la Cámara por el Partido Verde, expone los inconvenientes de reformar la Ley de Infancia y Adolescencia; iniciativas que discutirá en los próximos días el Congreso de la República, recogidas en el Proyecto de Ley 164 de 2010 por medio del cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, entre otros, y que coinciden en la necesidad de endurecer el marco de las penas a las que estarían sometidos los y las adolescentes que cometan cierto tipo de delitos que el proyecto tipifica como de mayor gravedad.

Robledo le pide a la nueva Fiscal, Viviane Morales, que “(…) asuma la vocería de los y las adolescentes para reclamar que se adopten medidas necesarias a fin de garantizarles una adecuada aplicación del Sistema diferencial que en su favor consagran las normas en material penal (…)”.

La comunicación enfatiza en que  “(…) Si no somos cuidadosos al definir la política criminal del Estado, y en particular en lo que tiene que ver con un Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), podemos terminar abandonando la resocialización como objetivo del Sistema, reemplazándola por el daño infligido al delincuente como ´justa retribución’ a su conducta y como mecanismo de ‘protección de la sociedad’ frente al peligro que representan los delincuentes juveniles y, por extensión prejuiciosa, todos los adolescentes de nuestras ciudades y en particular los que habitan las zonas más pobres de las mismas”.

De acuerdo con lo expuesto en la misiva la reforma que viene haciendo tránsito en el Congreso, va en contravía de las normas y acuerdos internacionales referidos a la protección de la niñez y pondría al país en una situación de grave incumplimiento de sus obligaciones, surgidas de la  adhesión a pactos en materia de derechos humanos y en defensa de la infancia.     

Robledo enfatiza en que si bien Colombia cuenta con una Ley de Infancia y Adolescencia que incluye un Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en la práctica este no opera debido al desconocimiento de la norma por parte de las instituciones que tienen la responsabilidad de aplicarlo: “El punto es que quienes ejecutan el SRPA, no fueron preparados para cumplir el mandato constitucional de que cuando se trata de regular materias, que directa o indirectamente, afecten los derechos superiores de personas menores de 18 años, dichas leyes, incluida la ley penal, no pueden ser aplicadas de manera aislada y sin concordarlas con el marco legal internacional y nacional sobre protección integral a la niñez”, anota.

La Representante que se ha opuesto tajantemente a la modificación  del Código de Infancia y Adolescencia, asegura que las fallas en relación con el Sistema no tienen origen en sus fundamentos, ni en sus propósitos, ni en las reglas específicas que lo consagran tal y como han documentado las investigaciones tanto de la Alianza por la Niñez como la Procuraduría General de la Nación, sino que surgen de la  falta de capacidad de los actores del sistema para garantizar su debida implementación, de la ausencia de voluntad política para poner en juego todas las estrategias, programas y actividades que el mismo demanda, lo cual contribuye a crear una cierta sensación de impunidad y desborde.

No se trata de crear un marco de impunidad frente a los delitos que cometen los niños y jóvenes, aseguró Robledo quien plantea que “(…)  la Corte Constitucional en la sentencia C-203 de 2005 dispuso que los menores de 18 años y mayores de 12 son responsables penalmente de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos (Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Convención de los Derechos del Niño) y que por lo tanto el proceso que les investigue, que les acuse y que les juzgue debe ser un proceso con reglas especiales, un proceso pedagógico y un proceso específico y especializado dada la perspectiva diferencial que el Estado debe asegurar cuando se trate de personas menores de 18 años”.

La Representante a la Cámara por el Partido Verde asegura que es necesario y urgente  “(…) enfrentar con toda decisión a las llamadas ‘Bandas Criminales Emergentes’, expresión de la capacidad de violencia que caracteriza al narcotráfico y frente a las cuales se registran a veces actitudes de inaceptable tolerancia o de franca complicidad por parte de miembros aislados de las fuerzas armadas; de la clase política o de importantes sectores de nuestra sociedad. Son esas bandas criminales las que instrumentalizan a nuestros adolescentes. Hay que arrebatárselos y arrebatárselas de las manos, abriendo para ellos y ellas caminos de oportunidad, de inclusión y de esperanza y no tan solo las puertas de las cárceles”.

Robledo asegura en su carta que si el Código necesita una modificación está tendría que señalar con mayor claridad “quién debe cumplir el papel articulador del Sistema que dada su experticia, su fortaleza institucional y su legitimidad, le corresponde cumplir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)”.

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