¡Por las malas y con multas!

¡Por las malas y con multas!

Con estas palabras he resumido el enfoque del nuevo Código de Policía, el cual entró en vigencia el pasado 29 de enero, seis meses después de haber sido aprobado, casi de manera unánime, en el Congreso de la República. Cerca de 160 comportamientos serán objeto de multas las cuales van desde ingresar a un lugar público empujando -lo cual en una ciudad como Bogotá, resulta imposible de cumplir en algunas estaciones de Transmilenio- ; no destruir botellas de licor ya vacías; pasando por permitir que existan aguas estancadas -en lugares donde aún no hay acueducto, ni alcantarillado-;dejar que los niños vean videojuegos – lo cual implicaría que la policía permaneciera en las casas de familia, al menos por un día…

Multas que van desde $98.362 a $786.898, sin una clara priorización, ni criterios para que ciudadanas y ciudadanos podamos evaluar la gravedad de un comportamiento, en términos de afectar la tranquilidad y la convivencia de los demás. Podría terminar en una banalización de las multas, dado que no hay correspondencia, en algunos casos, entre la gravedad del comportamiento y el monto de la multa.

Este Código además de punitivo, es inconstitucional y altamente inconveniente. Se desconocen los principios que fundamentan la actuación de la Policía en el marco de un Estado Social de Derecho, en donde el fin último es la protección de los derechos humanos y no la coerción sobre las libertades individuales y colectivas. Vale la pena recordar la sentencia 813 del año 2014, en la cual se definen los alcances y objetivos de la Policía Nacional: “…busca preservar el orden público. Pero el orden público no puede ser entendido como un valor en sí mismo sino como un conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos”.

Buena parte de las medidas establecidas en este Código invaden la órbita de las autoridades administrativas, imponiendo sanciones policivas a conductas de tipo penal, o a comportamientos que en el Código de infancia y adolescencia son delitos. Por ejemplo, en lo estipulado en este Código pueden pasar por contravenciones la explotación sexual de niñas y niños, la cual es un delito que impone más de 20 años de cárcel. Situación sobre la cual hubo alertas de organizaciones que trabajan por la niñez y de Unicef.

De igual manera las facultades que se le dan a alcaldes para restringir el derecho a la protesta son una clara violación a los derechos civiles y políticos, como también lo es el ingreso al domicilio sin previa autorización judicial, lo cual no solo nos hace recordar los aciagos días del estatuto de seguridad en la época del gobierno de Turbay Ayala, sino que constituye una clara violación al artículo 28 de la Constitución, el cual establece “…nadie puede ser molestado en su persona o familia…ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud del mandato escrito de una autoridad judicial competente…”.
Tal como está concebido el presente manual de disciplinamiento ciudadano, afecta a las poblaciones más vulnerables, de manera especial aquellas que habitan en las grandes y medianas ciudades. Vendedores ambulantes, prostitutas, habitantes de calle, personas cuya subsistencia depende de manera significativa de su trabajo en calle, de ahora en adelante serán presa aún mayor de miles de agentes que los han venido acosando por años, pero que ahora código en mano, les harán la vida aún más difícil. Como lo señala Dejusticia en su análisis del Código, éste afectará de manera grave los derechos de las personas más pobres, dado que mucha de su actividad económica y social se despliega en el espacio público.

Cero cultura ciudadana, esa trilogía de ley, moral y cultura que ha sido clave para aprender a “las buenas”. Cero pedagogía en su implementación. Cero tarea de mediación y convivencia. En este Código agentes de policía y ciudadanos serán enemigos, y ni hablar de la corrupción. Las noticias presentadas en algunos medios, a propósito de los primeros días de su puesta en marcha han mostrado verdaderas batallas ciudadanas, en algunas ciudades. Este no es el Código del posconflicto, de la convivencia y el respeto. Este un Código para la guerra, no para la paz.

Columna para el periódico LA PATRIA

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