¿Jóvenes pobres en calabozos infernales como respuesta a la justicia juvenil?: Ángela Robledo

¿Jóvenes pobres en calabozos infernales como respuesta a la justicia juvenil?: Ángela Robledo

Bogotá, mayo 13 de 2015

La representante a la Cámara Ángela Robledo denunció hoy que luego de casi 10 años de entrar en vigencia el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no existe una política que enfrente el fenómeno de la justicia juvenil, tampoco justicia juvenil específica, diferenciada y pedagógica para jóvenes en conflicto con la ley  y menos, medidas preventivas que disuadan a los muchachos de elegir el camino del delito.

En Colombia el sistema de justicia juvenil que atiende a menos del 1% de la población joven (de acuerdo con datos del 2014 la población joven era de 3.487.787) funciona a través de 34 centros que en su mayoría son organizaciones y fundaciones contratadas – a través de contratos de aporte- por el ICBF. 

18 de estos centros fueron evaluados por una comisión de verificación creada por el Congreso de la República que evidenció una total y permanente violación a los derechos humanos de los jóvenes en conflicto con la ley.

Robledo señaló que: “A pesar de que el gobierno invirtió 25 mil millones de pesos en el 2014 en la operación de estos 18 centros del sistema, se evidencia absoluta negligencia, desidia y en general incumplimiento de las obligaciones que estas organizaciones han contraído con el Estado para llevar a cabo esta misión de aplicar justicia juvenil. Lo anterior ante el silencio y la permisividad del ICBF que no cuenta con procesos de supervisión, seguimiento y correctivos acordes con la misión encomendada”. 

La congresista dijo que persisten los graves problemas que presenta el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) desde siempre – denunciados desde 2010- y que tienen que ver, entre otros, con la ausencia de una entidad responsable de su dirección, la asignación de recursos financieros, técnicos y de infraestructura, adecuados, talento humano idóneo y políticas reales de resocialización y justicia restaurativa. 

La parlamentaria Ángela Robledo coincidió con el informe de la Defensoría del Pueblo que señala la urgencia de garantizar de manera efectiva y real  la integración social de los jóvenes en conflicto con la ley y de promover una justicia educativa, diferencial y pedagógica que les permita cambiar su proyecto de vida y superar la situación de conflicto con la ley.  

Robledo aseguró que no tiene ninguna presentación que un sistema que depende de distintos ministerios como Educación, Salud, Justicia, entre otros,  no haya implementado programas, planes o estrategias que garanticen los derechos de estos muchachos y brindarles una segunda oportunidad sobre la tierra.  

“Cifras de la Policía Nacional, indican que la oferta de políticas públicas dirigidas a esta población es precaria, lo que da lugar a un aumento progresivo en el número de casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. Durante el período 2010 – 2013, de 24.405 casos registrados en el año 2010, se pasó a 30.843 casos en el año 2013, lo que representa un aumento del 20.8% en la comisión de delitos”, anotó la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con el Ministerio Público “(…) La comisión no encontró evidencia de que las/los adolescentes infractores de la ley penal atraviesen un proceso efectivamente pedagógico, ni mantengan contacto con la sociedad a la que se pretenden reintegrar (…)”.

“Es evidente que estos jóvenes provenientes de los sectores más frágiles y excluidos  no logran llamar la atención del gobierno Santos”, aseguró Robledo quien coincide con el ICBF (2012) según el cual, los adolescentes colombianos vinculados al SRPA son en su mayoría jóvenes hombres (88,8%)  urbanos pertenecientes a los estratos 1 y 2, víctimas de la pobreza, la exclusión del sistema educativo y laboral y con una historia de vida marcada por la violencia intrafamiliar, el abuso y la explotación.

Ángela Robledo insistió en la urgencia de contar con más política social y menos política criminal para los jóvenes en Colombia.  “Voy a solicitar a la Corte que declare el estado de cosas inconstitucional por estas violaciones”, dijo. 

Al debate asistieron Cristina Plazas, Directora del ICBF; el Viceministro de Justicia; María Cristina Hurtado, Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor de la Defensoría del Pueblo; Ilva Myriam Hoyos, Procuradora Delegada para la Familia, y el Viceministro de Educación.  

PRENSA: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO

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