Iván Cepeda, Angélica Lozano, Ángela María Robledo y Antonio Sanguino radican tutela para revivir la Consulta Anticorrupción y sus mandatos

Colombians count votes at the end of a referendum on hardening punishments for corrupt officials and business figures, after the congress proved reluctant to implement stricter anti-graft measures in Bogota, on August 26, 2018. – Some 36 million voters were called to the polls amid an ongoing bribery scandal involving Brazilian construction giant Odebrecht that has engulfed the region. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) (Photo credit should read RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images)

Iván Cepeda, Angélica Lozano, Ángela María Robledo y Antonio Sanguino radican tutela para revivir la Consulta Anticorrupción y sus mandatos

Los congresistas junto con miembros del comité promotor y la Corporación Viva la Ciudadanía, buscan el reconocimiento público de que esa consulta popular pasó el umbral tras cometerse un error en la composición del censo electoral del 2018.

Bogotá, D.C.,18 de diciembre 2020. Los congresistas Iván Cepeda, Angélica Lozano, Ángela María Robledo y Antonio Sanguino radicaron hoy una tutela para que se le ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil publicar las irregularidades en el censo electoral de 2018, y al Consejo Nacional Electoral reconocer que la Consulta Anticorrupción pasó el umbral y se deben implementar sus siete mandatos.

La acción se presenta después de que en un debate citado por la oposición en la Comisión II del Senado, los congresistas Iván Cepeda y Antonio Sanguino denunciaron que la consulta anticorrupción votada en el 2018 sí alcanzó el umbral, pero que por irregularidades en la configuración y depuración en el censo electoral se negó.

La tutela  se basa principalmente en tres argumentos (1) la violación al derecho fundamental a elegir, entendido éste como parte esencial del derecho a la participación política; (2) del derecho a conocer la verdad electoral y a que el sentido de esa verdad se materialice en democracia; y (3) sobre la vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa, como consecuencia de la composición irregular y la omisión de depuración del Censo Electoral en 2018, que afectó el reconocimiento de la Consulta Popular Anticorrupción como un mandato vinculante dado por la ciudadanía al Estado colombiano. 

El senador Iván Cepeda, quien ha liderado la iniciativa, anunció que han solicitado que se declare que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional han violado el derecho fundamental a elegir y a conocer la verdad electoral de todos los actores y, en general, de la ciudadanía que participó de la Consulta, como consecuencia de la omisión de depuración del Censo Electoral.

 “En mi debate probé que el censo electoral ha estado seriamente distorsionado por millones de cédulas que no deberían estar incluidas. El Registrador, Alexander Vega, reconoció en el Senado esa realidad. Ese hecho indiscutible tuvo como una de sus consecuencias alterar los resultados de la consulta popular contra la corrupción, que a nuestro juicio superó por más de 400.000 votos el umbral requerido. La ciudadanía triunfó y ahora esperamos que la justicia lo valide para que se termine de legislar y cumplir los siete mandatos ” dijo Iván Cepeda.

Al respecto, la senadora Angélica Lozano señaló “el censo electoral de esa fecha contaba con fallecidos, miembros de fuerza pública habilitados  para votar. Eso afecta los umbrales y, así, la democracia. Si se hubiera actualizado, la consulta hubiera superado el umbral con 427.228 votos.”

En ese mismo sentido, los congresistas aseguraron que se detectaron alrededor de 8 millones de cédulas con inconsistencias en el censo electoral del 2018, por lo que en las últimas elecciones en el país, se pudo incurrir en innumerables irregularidades que afectaron resultados como los de la elección del Congreso de ese año.

“Se ordene a los accionados reconocer publicamente que hubo una composición irregular del Censo Electoral de 2018, pues omitieron realizar una adecuada depuración de su información, y ello condujo a una errónea definición del umbral que afectó el mecanismo de participación de la Consulta Anticorrupción,” señaló el senador Antonio Sanguino.

Además, en las irregularidades denunciadas se relaciona que en el 2018 en Colombia se encontraban habilitados para votar 33.743.169 ciudadanos y no 36.421.026 como lo estableció la Registraduría.

Finalmente la Representante Ángela María Robledo señaló que la consulta anticorrupción no beneficiaba ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a ningún partido, beneficiaba a todos los colombianos, “por esta razón esperamos que ahora sí la justicia nos dé la razón y se validen los resultados que creíamos perdidos”.

La iniciativa también fue respaldada por miembros del comité promotor y la Corporación Viva la Ciudadanía.

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