Congresistas solicitan vigilancia especial en la investigación que adelanta la Fiscalia.

En el caso de la indígena menor violada por militares.

Bogotá, D.C. Junio 30 de 2.020 La Representante a la Cámara Ángela María Robledo y el Senador Iván Cepeda Castro, con ocasión de la violación de una menor de edad indígena de la comunidad Embera Katio, en carta enviada al Procurador General Fernando Carrillo Flórez, solicitaron que designe una vigilancia especial de carácter penal para que intervenga en la investigación que la Fiscalía General de la Nación adelanta en relación al caso.

De igual forma le solicitaron que ejerza vigilancia especial administrativa en el Ejército Nacional y en el Ministerio de Defensa Nacional, con el propósito de determinar las condiciones institucionales que permitieron que ocurriera este crimen y que se establezcan medidas provisionales de protección para la menor de edad indígena, así como para su familia y para la comunidad Embera, quienes se han expuesto públicamente denunciando estos hechos y defendiendo los derechos de la niña

“Para nosotros no sólo como Congresistas sino como defensores de derechos humanos, es imperativo que se tenga en cuenta en estos procedimientos la ley 1719 de 2.014 – de la cual somos autores –  en la que establecimos que, en casos de protección como éste, se incorpore un enfoque de derechos humanos hacia las mujeres, generacional y étnico y que sea extensivo al grupo familiar y a la propia comunidad indígena” manifestó la Representante a la Cámara Ángela María Robledo.

Por su parte el senador Iván Cepeda dijo que se le ha pedido a la Procuraduría que, observe el desarrollo de este proceso y ejerza la vigilancia, puesto que la tipificación de este hecho no satisface los estándares que debieran ser aplicados en este caso. “Se debe tipificar como un hecho de acceso carnal violento y agravado, así como también, la circunstancia de que hubo un secuestro. Igualmente, el hecho de que se hayan llevado los soldados a un sitio de reclusión en una guarnición militar y no a un establecimiento carcelario” 

Asimismo, los Congresistas dirigieron otra carta a la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez, en la que le expresan que fortalezca y garantice el acceso de protección, acompañamiento, atención en salud y psicosocial para la víctima y su núcleo familiar y le reiteran su preocupación dado que en un principio la menor de edad fue trasladada a un hogar sustituto del ICBF, desconociendo su entorno familiar y comunitario como primordial en el restablecimiento de sus derechos.

“Realmente estamos muy preocupados con las cifras que se han conocido. No es posible que entre enero y el 31 de marzo de 2.020, 168 niñas, niños y adolescentes hayan sido víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual, esperamos en ese sentido que la Fiscalía nos proporcioné pronto en qué estado de investigación están estos casos que nos llenan de desazón y de una tristeza infinita por lo que está pasando ahora con los niños, niñas y adolescentes” agregó la Representante a la Cámara.

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