Al Gobierno no le importan las universidades públicas

Llevo más de tres años advirtiendo que la ministra de Educación está en el lugar equivocado. Lo he demostrado en distintos debates de control político realizados en el Congreso de la República, donde estudiantes, representantes estudiantiles y profesores hemos presentado testimonios, documentos, cifras, videos y fotografías que dan cuenta de la falta de voluntad política del Gobierno de Juan Manuel Santos en materia educativa.

Es cierto que la falta de interés de los gobiernos colombianos por la educación no es una novedad, pero también es cierto que la ministra Campo no perdió un año, ni dos. Han sido más de tres años perdidos con esta ministra, que más parece la gerente de una empresa que cotiza en la bolsa con ánimo de lucro.

Cualquiera diría que estoy exagerando, que «no es para tanto», pero basta con recordar que Colombia ocupó el puesto 62 de 65 países en las pruebas PISA, que miden la calidad de la educación. Eso, en cualquier país civilizado, ameritaría una renuncia o un despido, pero aquí decidieron atornillarse al cargo, a costa de miles de niños y jóvenes estudiantes que no tienen acceso a la educación pública y terminaron echándole la culpa de todos a las maestras y maestros, pues si bien algunos de ellos no cuentan con procesos de formación cualificados, la mayoría trabaja con enormes dificultades y muchas veces en medio del conflicto armado.

La prueba más reciente de la debacle en la que nos encontramos tiene que ver con la crisis de la Universidad Nacional, cuya sede en Bogotá se está literalmente cayendo a pedazos, con más de 20 edificios en riesgo del colapso, lo cual afecta a más de 30 mil estudiantes. Eso, sumado a la crisis de financiamiento y gobernabilidad que afrontan desde hace varios años, nos hace pensar que el único propósito de este Gobierno es propiciar la venta del campus del Alma Máter, cuyo mayor interesado parece ser el grupo Sarmiento Angulo.

Quisimos preguntárselo directamente a la ministra María Fernanda Campo, al rector Ignacio Mantilla y al ministro de Hacienda, pero ninguno se hizo presente en la audiencia pública a la que los citamos el pasado jueves 27 de febrero, donde habrían podido desmentir o refutar nuestras denuncias, que ilustran solo un caso de muchos que se presentan en otras universidades públicas y sedes del país.

Por ejemplo, en Manizales hay una sede de la Universidad Nacional que presenta dificultades en su presupuesto para reforzamiento y reconstrucción de infraestructura, para lo cual necesitaría cerca de 32 mil millones de pesos. Y lo mismo ocurre con las sedes de Medellín, Palmira, las del Caribe, Orinoquia, Tumaco y Amazonas. Lo cual significa que el déficit de la Universidad Nacional, solo en infraestructura para adecuar, reforzar, reparar, reconstruir y construir es del orden de $1.542.649.208.322.

Parece mentira, pero estamos hablando de una tragedia anunciada, pues como he advertido en distintos espacios, el peso de la inversión del presupuesto general de la nación en los últimos ocho años en educación superior pasó del 3,08% al 1,9% (una caída del 37%), mientras los aportes de la nación por estudiante a las universidades públicas disminuyeron en un 30% en los últimos 10 años.

Con ese triste panorama, ¿pretende el presidente Santos sacar pecho en su campaña reeleccionista mientras se vulnera el derecho de los colombianos y colombianas a una educación pública, universal y de calidad?

De nada valen tantos anuncios publicitarios a favor de sus políticas educativas cuando en realidad tenemos miles de jóvenes deudores del sistema financiero, miles de padres de familia endeudados con los bancos y decenas de pruebas de que este gobierno no le apuesta a la educación pública, sino a la privatización y al ánimo de lucro .

Que no haya duda que la educación es el motor de la prosperidad, pero esa locomotora no tiene gasolina en este Gobierno. Ni la va a tener con esta ministra, que según Santos ha sido la «Pékerman de su gabinete». Será porque trata nuestra educación a las patadas.

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